El DAO de la Guardia Civil vincula su permanencia a la confianza política ante el malestar interno en el Cuerpo
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha ratificado ante la comisión de investigación del Senado su decisión de mantenerse en el cargo pese a su situación de investigado en la Audiencia Nacional. Llamas justificó su continuidad basándose en la confianza recibida por parte de la cadena de mando política, compuesta por la directora general, el secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una postura que ha generado reacciones críticas en diversas escalas de la institución profesional.
Durante su comparecencia parlamentaria, el máximo mando uniformado de la Benemérita respondió a las interpelaciones sobre su posible dimisión afirmando que se debe a quien le designa y que el cuestionamiento de su honor lo establece él mismo junto a sus superiores. Estas declaraciones se producen en un contexto judicial complejo, donde el teniente general es investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, derivados de la supuesta interposición de obstáculos a las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) en casos de corrupción vinculados a la gestión gubernamental.
La intervención del DAO en la Cámara Alta ha profundizado el malestar en sectores de la Guardia Civil, donde fuentes internas califican la situación de insostenible. Críticos dentro del Cuerpo señalan que la lealtad de los mandos debe orientarse al interés general y a la ciudadanía, advirtiendo de un posible conflicto de intereses al ser Llamas el superior jerárquico de los mismos agentes de la Policía Judicial que desarrollan las investigaciones que le afectan. Asimismo, se ha cuestionado el uso de la estructura jerárquica para validar una posición personal en sede parlamentaria.
Otro de los puntos de fricción durante la comparecencia fue la referencia de Llamas a los agentes de la UCO, a quienes atribuyó, de forma indirecta, un cierto exceso de protagonismo y vanidad en sus actuaciones. El teniente general defendió las instrucciones dadas a sus subordinados para evitar una actitud proactiva en determinadas investigaciones políticas, argumentando que la dirección de los procesos corresponde exclusivamente a los jueces y no a los investigadores policiales. Según su testimonio, los expedientes disciplinarios abiertos contra agentes por supuestas filtraciones se enmarcan en una actuación administrativa ordinaria.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción mantiene una tesis divergente, sugiriendo que la apertura de estos procesos internos contra la unidad de élite no buscaba la depuración administrativa, sino ejercer un efecto intimidatorio para condicionar el curso de las investigaciones judiciales. Esta valoración refuerza las sospechas sobre el uso de la potestad disciplinaria como herramienta de presión interna en el marco de la denominada trama Leire Díez, donde también se analiza la relación de la Dirección General con terceras personas vinculadas a formaciones políticas.
Por su parte, la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha elevado una petición formal a los ministerios de Interior y Defensa para que se proceda a la apertura de un expediente disciplinario y al cese de funciones del DAO. La organización denuncia un agravio comparativo, señalando que, mientras en 2025 se han tramitado más de mil expedientes a agentes de base, no se aplica la misma diligencia con la alta dirección del Cuerpo. Jucil sostiene que la neutralidad de la investigación judicial requiere que quien ostenta el mando no se encuentre bajo sospecha de interferir en las labores de la Policía Judicial.
