El consejero Marciano Gómez interpone una querella ante el Supremo contra la ministra Diana Morant
El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha formalizado este miércoles una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. La acción judicial se fundamenta en las declaraciones realizadas por la ministra el pasado mes de febrero, en las que acusó al titular de Sanidad de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública».
La decisión de elevar el caso al Alto Tribunal responde a la condición de aforada de Morant como miembro del Gobierno de España. El procedimiento se inicia tras el fracaso del acto de conciliación previa, celebrado el pasado 2 de abril, al que no compareció la dirigente socialista ni su representación legal. En dicha instancia, el consejero solicitaba una rectificación pública de las afirmaciones que vinculaban su gestión con intereses económicos privados.
Los hechos que originan la querella se remontan a un acto público en la sede de la Delegación del Gobierno, donde Morant afirmó que Gómez «aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud» y sostuvo que en la Comunitat Valenciana se está duplicando la inversión en sanidad privada mientras se producen recortes en el sector público. Según la defensa del consejero, estas manifestaciones fueron emitidas con «plena consciencia de su alcance» y con una clara vocación de difusión mediática.
En el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, la representación legal de Marciano Gómez argumenta que las palabras de la ministra han generado un perjuicio masivo y sostenido en el tiempo. Por ello, se solicita una indemnización fijada provisionalmente en 30.000 euros por daños morales e institucionales, al considerar que se ha atacado el honor y la integridad profesional de un alto cargo de la administración autonómica.
El consejero ya había advertido tras la incomparecencia de Morant en el juzgado de paz que la ausencia de retractación sería interpretada como una ratificación de sus imputaciones. Al no producirse dicha rectificación, el equipo jurídico de Gómez ha procedido a ejercer las acciones penales correspondientes, dejando ahora en manos del Supremo la admisión a trámite de la querella y la posible apertura de una investigación formal.
