Mareas Blancas denuncia «ineficacia» del Ministerio de Sanidad en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta
La Asociación Mareas Blancas ha manifestado su rechazo a la gestión que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en Ceuta ante la actual presión migratoria. La entidad califica la actuación del departamento dirigido por Mónica García como una «ineficacia manifiesta» y critica la supuesta consolidación de un modelo de gestión privada en la ciudad autónoma, en contraste con las políticas sanitarias defendidas por el Ejecutivo en otros ámbitos territoriales.
El núcleo de la queja reside en la externalización de servicios sanitarios al grupo Quirón por un importe de 33 millones de euros. Según el comunicado emitido por la asociación, esta medida incurre en una contradicción política, al aplicar en Ceuta —territorio bajo competencia directa del Estado— un modelo de gestión que el Ministerio ha cuestionado reiteradamente en otras comunidades autónomas, especialmente en Madrid. La organización sostiene que no es posible rechazar el modelo de colaboración público-privada y, simultáneamente, implementarlo con sus mismos procedimientos en la ciudad autónoma.
En el plano legislativo, Mareas Blancas advierte sobre la Ley de Gestión Sanitaria Pública e Integridad, actualmente en tramitación parlamentaria. La entidad asegura que dicho proyecto normativo pretende consolidar el modelo mixto, lo que, a su juicio, supondría el «blanqueo» de la gestión privada y frenaría las posibilidades de recuperar el modelo sanitario público establecido en la Ley General de Sanidad de 1986. Para la asociación, los parámetros actuales del texto legal dificultan el rescate de la gestión directa por parte del Estado.
Respecto a la operatividad interna, la denuncia señala al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) por emitir instrucciones «escasamente empáticas» con los profesionales que trabajan sobre el terreno. Mareas Blancas afirma que el Ministerio no ha escuchado las peticiones de refuerzos del personal sanitario local, quienes se encontrarían al límite de sus capacidades. En lugar de fortalecer la plantilla pública, la asociación critica que se haya optado por la contratación de servicios externos para cubrir las necesidades derivadas de la crisis.
Finalmente, la organización considera que el Gobierno debería haber declarado formalmente la situación como una emergencia, lo que habría otorgado al Ejecutivo mayores facultades de control integral. El comunicado concluye vinculando la presión migratoria en Ceuta —con una cifra superior a las 70.000 personas— a procesos de carácter geopolítico y reclama a las autoridades una mayor diligencia en la protección del espacio soberano y en la gestión de las relaciones con los países del entorno.
