Robles apela a la responsabilidad individual ante la posible querella del PSOE contra Leire Díez
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este martes pronunciarse de manera explícita sobre la posibilidad de que el PSOE emprenda acciones legales contra la exmilitante Leire Díez. En declaraciones realizadas en los pasillos del Senado, la titular de Defensa ha mantenido una postura de prudencia institucional, limitándose a señalar que «cada uno sabe lo que tiene que hacer» ante las decisiones estratégicas y jurídicas de la formación política.
Esta reacción se produce después de que la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, confirmara que el partido estudia posibles medidas judiciales contra Díez. Montero instó recientemente a permitir que los expertos jurídicos analicen el caso con rigor antes de acudir a los tribunales, un proceso que Robles ha preferido no valorar, reiterando que no acostumbra a dar consejos a terceros en este tipo de escenarios.
Asimismo, la ministra ha sido consultada por la situación procesal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuyo caso ha quedado visto para sentencia. Tras la conclusión de los informes definitivos, en los que las defensas de los once acusados han solicitado de forma unánime la libre absolución, Robles ha reafirmado su postura de respeto absoluto a los procedimientos jurisdiccionales.
Durante su intervención, Robles ha expresado su «confianza plena» en el funcionamiento de la Justicia y en la labor de los jueces. En este sentido, ha recordado que el sistema judicial español cuenta con las garantías necesarias para las partes, señalando que cualquier discrepancia con el fallo que se dicte podrá ser canalizada a través de los recursos correspondientes ante el Tribunal Supremo.
Con estas declaraciones, la ministra de Defensa mantiene la línea de neutralidad institucional característica de su departamento frente a las controversias que afectan a la esfera orgánica del partido y a procesos judiciales en curso, remitiendo cualquier responsabilidad a los órganos competentes y a los tiempos marcados por el Estado de Derecho.
