El Ministerio del Interior solicita aclarar la autoría de un informe policial sobre la crisis en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, a esclarecer la veracidad y el origen de un informe remitido a la Audiencia Nacional que atribuye a las autoridades de Marruecos la planificación del asalto masivo a la frontera de Ceuta ocurrido los días 30 y 31 de julio. Esta solicitud de información se produce tras conocerse que el documento contradice la postura oficial mantenida por el Ejecutivo hasta la fecha, la cual desvinculaba a Rabat de la crisis migratoria.
Según el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la entrada de inmigrantes no fue un evento espontáneo, sino una operación coordinada en varias fases con el objetivo estratégico de colapsar los pasos fronterizos de la ciudad autónoma. El texto detalla que individuos vestidos de paisano habrían impartido instrucciones directas a los gendarmes marroquíes para facilitar el acceso, organizando el flujo de personas de manera que primero ingresaran varones jóvenes y, posteriormente, colectivos vulnerables como mujeres y menores de edad.
Grande-Marlaska ha manifestado su desconocimiento sobre la existencia de este análisis técnico hasta su reciente difusión y ha exigido determinar «a la mayor brevedad» desde qué fecha disponía el cuerpo policial de dicha información. El titular de Interior ha calificado el contenido del documento como «absolutamente esencial» para la gestión de la crisis, señalando que su conocimiento previo habría resultado determinante para que el Gobierno pudiera adoptar decisiones institucionales y diplomáticas ante la situación migratoria.
La aparición de este dosier ha generado una inmediata reacción en el ámbito sindical. Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha solicitado la dimisión tanto del ministro Marlaska como del delegado del Gobierno en Ceuta. La organización fundamenta su petición en la existencia de comunicaciones internas que, según denuncian, ya advertían de la posibilidad de una entrada masiva de personas, contradiciendo el discurso de imprevisibilidad sostenido por las autoridades políticas durante el incidente.
En el plano político, la confirmación de la validez del informe podría acarrear consecuencias en la política exterior y de seguridad. Diversos representantes institucionales han señalado la gravedad de que un órgano técnico de la Policía Nacional identifique una planificación deliberada por parte de un tercer país mientras la versión gubernamental mantenía una línea de interlocución distinta. El Ministerio del Interior aguarda ahora las explicaciones de la Dirección General de la Policía para verificar la trazabilidad del documento en la cadena de mando.
