El Gobierno supedita la responsabilidad de Marruecos en Ceuta a la verificación del informe policial
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este miércoles que el Reino de Marruecos tendría «responsabilidad» en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ocurrida los pasados 30 y 31 de julio, en el caso de que se confirme la veracidad de un informe policial que señalaría la implicación de las fuerzas de seguridad del país vecino en dichos sucesos.
Durante una intervención en Radio Nacional, Torres ha subrayado la necesidad de actuar con «rigor» y evitar «conjeturas» hasta que se compruebe la existencia y el contenido exacto del documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif). Este informe, que habría sido remitido a la Audiencia Nacional, atribuiría a la gendarmería marroquí un papel activo en la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma hace meses.
El titular de Política Territorial ha destacado la respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha solicitado por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, información exhaustiva sobre el origen del texto. El Ejecutivo busca esclarecer si se trata de un informe oficial del organismo o de una valoración particular de un agente, así como determinar si dicha información fue trasladada formalmente a los canales de mando.
Respecto a las informaciones publicadas que sugieren que el Gobierno fue advertido previamente de una entrada inminente de 70.000 personas, Torres ha asegurado de forma tajante que tal advertencia no llegó al Ejecutivo. Hasta el momento, la postura oficial defendida por el presidente Pedro Sánchez y el ministro Marlaska desvinculaba a Marruecos de la crisis, relacionándola con bulos en redes sociales y la actuación de mafias organizadas.
En el seno del Gobierno de coalición, otros ministros han expresado valoraciones más directas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que de confirmarse el documento, los hechos implicarían una «responsabilidad por acción u omisión» de Marruecos en una labor de desestabilización. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado lo ocurrido como un «ataque híbrido» dirigido contra España, independientemente de la verificación final del informe del Cenif.
Esta situación se produce en un contexto de creciente presión política, tras las peticiones de dimisión del ministro del Interior por parte de la oposición. El Partido Popular sostiene que el Ejecutivo ocultó o ignoró información relevante sobre la crisis fronteriza, mientras que el Gobierno insiste en la transparencia y en esperar a que las investigaciones policiales y judiciales determinen el alcance real de la documentación publicada.
