La Asamblea de Madrid acuerda fiscalizar los contratos regionales con la Fundación Toro de Lidia
La formación política Más Madrid ha formalizado el traslado de los contratos suscritos entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia ante el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas regional. El objetivo de esta iniciativa es auditar la gestión de los fondos públicos destinados a espectáculos taurinos entre los años 2021 y 2025, bajo la sospecha de irregularidades en la adjudicación y una presunta estructura de carácter clientelar.
La medida ha avanzado significativamente tras la aprobación, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, de una iniciativa para remitir dichos contratos a la Cámara de Cuentas para su fiscalización oficial. La propuesta contó con el respaldo de Más Madrid y el PSOE, mientras que el Partido Popular y Vox optaron por la abstención, permitiendo que el proceso de supervisión técnica siga su curso parlamentario.
Según los datos aportados por la formación regionalista, desde el ejercicio 2021, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha destinado un total de 7,5 millones de euros al Centro de Asuntos Taurinos. De este presupuesto, 1,7 millones de euros han sido consignados específicamente a la Fundación Toro de Lidia, entidad cuyo presupuesto derivado de fondos públicos se habría duplicado en los últimos tres años, según las cifras manejadas en la sede parlamentaria.
La denuncia pone el foco de manera particular en la empresa Espectáculos Marisma. Más Madrid señala una presunta «concentración reiterada» de contratos en favor de esta firma, la cual acumularía más del 30% de los fondos destinados a los festejos taurinos organizados bajo el amparo de los convenios con la citada fundación. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha calificado esta situación de «esquema sospechoso» y ha exigido transparencia en la gestión de la Consejería responsable.
En el marco de esta ofensiva institucional, el grupo parlamentario ha registrado una batería de iniciativas adicionales que incluyen la solicitud de comparecencia del director del Centro de Asuntos Taurinos y del presidente de la Fundación Toro de Lidia. Estas acciones buscan esclarecer los criterios técnicos y administrativos seguidos para la distribución de los fondos y la selección de las empresas adjudicatarias de los espectáculos.
Desde el Ejecutivo autonómico, la defensa de estas partidas se ha centrado históricamente en el valor cultural y económico de la tauromaquia para la región. Sin embargo, la fiscalización aprobada ahora por la Cámara de Cuentas supondrá un análisis técnico independiente para determinar si los convenios firmados entre 2021 y 2025 se ajustan a la normativa de contratación pública y si la gestión de los recursos ha cumplido con los principios de eficiencia y concurrencia competitiva.
