Díaz señala la capacidad de Cataluña para elevar el salario mínimo mediante la negociación colectiva autonómica

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado este martes en el Senado que las comunidades autónomas disponen de la capacidad jurídica para establecer salarios mínimos superiores al estatal a través de la negociación colectiva territorial. Díaz ha subrayado que, tras la modificación del Estatuto de los Trabajadores, los convenios autonómicos cuentan con prevalencia aplicativa sobre los estatales desde mayo de 2024.

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la titular de Trabajo ha explicado que la normativa actual permite que los acuerdos suscritos en ámbitos autonómicos o provinciales tengan prioridad sobre los sectoriales de carácter estatal, siempre que resulten más favorables para las personas trabajadoras y cuenten con el respaldo de las mayorías necesarias en la mesa de negociación.

Díaz ha defendido que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado por el Gobierno de España constituye un «suelo mínimo» de protección común para todo el Estado. En este sentido, ha instado a las fuerzas políticas y sociales de territorios como Cataluña, el País Vasco o Galicia a utilizar las herramientas de las relaciones laborales autonómicas para pactar incrementos salariales que superen dicho umbral, cuestionando el número de convenios suscritos bajo este marco hasta la fecha.

Por su parte, la senadora republicana Sara Bailac ha justificado la necesidad de un SMI diferenciado regionalmente debido al elevado coste de la vida en Cataluña. Según Bailac, la cuantía actual del SMI resulta insuficiente para que las familias catalanas puedan afrontar sus necesidades básicas, por lo que ha reclamado un sistema que permita segregar esta cifra atendiendo a las realidades económicas de cada comunidad.

La ministra ha rechazado la posibilidad de segregar el SMI estatal por territorios, argumentando que esa propuesta coincide con posiciones históricas de la patronal. Según la vicepresidenta, el objetivo de dicha segregación territorial no era elevar los salarios en las zonas con mayor coste de vida, sino reducir la cuantía del salario mínimo en regiones con menor renta per cápita, citando los casos de Andalucía o Extremadura.

Con esta intervención, el Ministerio de Trabajo reafirma su política de mantener un SMI único y centralizado como garantía de cohesión social, delegando cualquier incremento adicional en la autonomía de la negociación colectiva y en los marcos de relaciones laborales propios de cada comunidad autónoma.