El Tribunal de Cuentas investiga la compra de un ático de 6,3 millones de euros por la Comunidad de Madrid

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el inicio de una investigación sobre la adquisición de un ático de lujo en el distrito de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, tras detectar indicios de un posible perjuicio a los fondos públicos. La operación, que supuso un desembolso de 6,3 millones de euros, fue ejecutada a través de la empresa pública Planifica el pasado 14 de abril.

El inmueble objeto de la controversia es una vivienda de uso residencial situada en la planta superior de un edificio en la calle General Martínez Campos, número 35. La propiedad dispone de una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los cuales 199 están destinados a terraza. Según las denuncias que han motivado la actuación del órgano fiscalizador, la compra se habría realizado sin una justificación previa suficiente y sin que constase un expediente de necesidad que acreditara su vinculación con los fines públicos de la sociedad.

La investigación preliminar también cuestiona el valor de la transacción, apuntando a que el precio abonado podría ser superior al valor de mercado en el momento de la compra. Asimismo, se analiza si el inmueble cumple realmente con las condiciones necesarias para desempeñar el uso administrativo o institucional que se alegó con posterioridad a la formalización de la venta.

Ante este escenario, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha manifestado que la decisión del Tribunal de Cuentas refuerza las dudas sobre la legalidad de la operación. Bergerot ha señalado que la formación regionalista espera que la justicia aclare quién dio la orden de adquirir dicho inmueble, subrayando que el gasto de fondos públicos en esta propiedad no responde, a su juicio, a un uso lícito ni de interés general.

La formación de la oposición ha criticado lo que considera una falta de transparencia por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, respecto a los pormenores de esta inversión inmobiliaria. Desde Más Madrid han calificado la operación como un presunto uso partidista de las instituciones y han confirmado que realizarán un seguimiento estricto del proceso judicial para que se establezcan las responsabilidades pertinentes.

Por el momento, la investigación se centrará en determinar si existió una gestión negligente de los recursos públicos y en verificar si la tramitación del expediente cumplió con los principios de eficiencia y legalidad que rigen la administración regional.