La magistrada encargada de la instrucción por la gestión de la riada del pasado 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia ha dictado una providencia para proceder al cotejo de las comunicaciones mantenidas entre el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, y diversos socios de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). La documentación, remitida por la propia asociación al Juzgado de Catarroja, incluye mensajes de mensajería instantánea que reflejan la evolución técnica y la preocupación personal durante la jornada del desastre, que se saldó con 230 víctimas mortales.
El escrito incorporado a las diligencias judiciales, bajo el título ‘Comunicaciones mantenidas por Avamet en relación con el episodio meteorológico del 29 de octubre de 2024’, detalla los intercambios de información entre el responsable de Aemet y observadores locales situados en municipios especialmente afectados como Utiel, Chiva y Montserrat. Avamet ha precisado que estas comunicaciones se realizaron a título personal y no como avisos institucionales, en el marco de la relación de colaboración técnica que mantienen ambas entidades desde hace años.
Según consta en el registro de mensajes, a las 08:47 horas del 29 de octubre, un observador desde Chiva alertó a Núñez indicando que en la zona «se cae el cielo». A las 18:39 horas, el mismo informador comunicó que la localidad se encontraba ya inundada, a lo que el jefe de Climatología de Aemet respondió calificando la situación de «desastre». Horas más tarde, Núñez expresó su preocupación por el estado de los observadores con mensajes en los que manifestaba su deseo de que la situación finalizara: «Qué pesadilla, que se acabe todo ya».
En el caso de Utiel, las comunicaciones recogidas a las 15:12 horas informaban sobre un «diluvio» y la presencia de personas refugiadas en los tejados de una urbanización inaccesible. Los mensajes intercambiados señalan que el volumen de precipitación era algo nunca visto por los observadores, advirtiendo Núñez de que las consecuencias se trasladarían «aguas abajo». El experto de Avamet en la zona apuntó además en sus mensajes que la ocupación de los cauces históricos y el desarrollo urbanístico en zonas inundables agravaron los efectos del fenómeno meteorológico.
Respecto a la relación con otros organismos, el informe de Avamet certifica que en la fecha del episodio no existía ningún convenio ni relación institucional con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ni constan intercambios de información con dicha entidad durante la jornada crítica. Fue con posterioridad a la catástrofe cuando la CHJ solicitó datos meteorológicos a la asociación para completar sus análisis, lo que derivó en la firma de un convenio de colaboración durante el año 2025.
En relación con la Generalitat Valenciana y el Centro de Coordinación de Emergencias, la asociación explica que el convenio marco suscrito en 2016 había expirado en 2021 y su renovación estaba pendiente. No obstante, los servicios de Emergencias continuaban utilizando la información técnica y los mapas de la red de Avamet de manera habitual. La documentación revela que se había planteado una reunión entre ambas partes para la tarde del 29 de octubre, pero fue aplazada días antes a propuesta del presidente de Avamet ante la gravedad de las previsiones meteorológicas.
Finalmente, Avamet ha reiterado ante la autoridad judicial que su papel es estrictamente informativo y técnico, basado en la observación y divulgación de datos, y que no forma parte de los dispositivos operativos de emergencias ni participa en la toma de decisiones de los organismos competentes en materia de protección civil. El juzgado continuará ahora con el análisis de estas comunicaciones para determinar su relevancia en el marco de la investigación sobre la cadena de avisos y la gestión de la emergencia.
