La reciente desclasificación de documentos por parte del Palacio de la Moncloa ha reabierto el debate interno en el Ejecutivo respecto a la gestión de la crisis fronteriza en Ceuta. Los informes y comunicaciones revelados confirman que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió alertas a diversos organismos dependientes del Ministerio del Interior con 24 horas de antelación al asalto masivo, validando la tesis sostenida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, frente a la versión oficial de la Presidencia del Gobierno.
El material desclasificado incluye mensajes de WhatsApp enviados el 29 de julio por agentes de los servicios de inteligencia a la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil y al entonces jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz. En dichas comunicaciones se advertía explícitamente de una convocatoria en redes sociales, con un alcance potencial de 180.000 seguidores, para realizar un asalto por valla y mar aprovechando la festividad marroquí de la Fiesta del Trono.
Estos hallazgos contradicen las comparecencias parlamentarias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos habían asegurado en sede legislativa que el Ejecutivo no dispuso de ningún informe que permitiera anticipar la escala o la probabilidad de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma. Mientras Robles defendió en la Comisión de Defensa que los servicios de inteligencia cumplieron con su labor de aviso, el resto del gabinete había mantenido que no existieron notas formales de alerta.
La publicación de estos documentos ha generado malestar en sectores del PSOE y del propio Ejecutivo, donde algunos dirigentes califican la estrategia de transparencia de Moncloa como un error táctico que ha dejado al Gobierno «contra las cuerdas». Según fuentes internas, la intención inicial de desclasificar el material era reforzar el relato oficial de imprevisibilidad, pero el contenido de los mensajes de texto y las llamadas telefónicas de hasta 11 minutos entre el CNI y responsables territoriales ha terminado por respaldar la posición de la titular de Defensa.
Ante la evidencia de las comunicaciones, el Palacio de la Moncloa emitió una nota aclaratoria en la que resta validez técnica a las alertas. El argumento gubernamental sostiene que un aviso mediante canales informales como WhatsApp a un cargo intermedio no constituye un informe oficial de inteligencia. Según esta postura, la responsabilidad del CNI habría sido elevar la información mediante canales formales y sobres lacrados si consideraban que la amenaza era inminente y de gran magnitud.
La crisis institucional ha tenido sus primeras consecuencias administrativas con la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Sanz sostiene en su carta de renuncia que informó puntualmente al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, sobre los avisos recibidos, extremo que este último ha negado públicamente en línea con la postura mantenida por el Ministerio del Interior.
El escenario judicial también se presenta complejo, con una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga los sucesos. La discrepancia entre ministerios y la confirmación de que organismos del Estado recibieron avisos previos obligará a los responsables políticos a explicar por qué no se reforzaron los dispositivos de seguridad o por qué se minusvaloró la información suministrada por los servicios de inteligencia en las horas previas a la crisis migratoria.
