El Gobierno desclasifica los informes sobre la entrada en Ceuta ante las versiones encontradas de Interior y Defensa

El Ejecutivo central procederá este miércoles a la desclasificación de aproximadamente 40 documentos oficiales relacionados con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio. La medida, anunciada por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, busca dar respuesta a la controversia generada por las versiones contrapuestas de los ministerios de Defensa e Interior sobre la existencia de alertas previas por parte de los servicios de inteligencia.

Los documentos, que estarán disponibles en la página web de la Moncloa a partir de media tarde, abarcan el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Esta iniciativa se produce tras el compromiso asumido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado jueves, donde aseguró que el Ejecutivo no recibió informes que anticiparan la escala y probabilidad de la crisis migratoria.

La desclasificación tiene lugar en un contexto de tensión interna entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras Robles sostuvo en sede parlamentaria que los servicios de inteligencia, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), advirtieron con antelación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Grande-Marlaska ha negado la recepción de cualquier aviso preciso que permitiera prever la magnitud de lo sucedido.

Desde la Presidencia del Gobierno se ha iniciado una indagación interna para determinar si los organismos que detectaron indicios de riesgo comunicaron dicha información por los canales oficiales escritos o si esta se transmitió únicamente de forma verbal. Fuentes gubernamentales sugieren la posibilidad de que existan informes que no fueron distribuidos adecuadamente entre los departamentos afectados, lo que explicaría la falta de coordinación en la respuesta inicial.

Entre la documentación que verá la luz se encuentra el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, remitido a solicitud de la Audiencia Nacional. Dicho documento apunta a una planificación previa del asalto y menciona la presencia de agentes marroquíes guiando el flujo migratorio bajo una supuesta cobertura de permisividad. No obstante, el Gobierno mantiene una posición de cautela diplomática y rechaza atribuir responsabilidades directas a Rabat sin pruebas que califica de sólidas.

La transparencia institucional en este asunto coincide con la investigación abierta por la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, para esclarecer los hechos. El Partido Popular, por su parte, ha manifestado su escepticismo ante la publicación de estos informes, sugiriendo que la documentación podría estar incompleta o «recortada», y ha solicitado que la desclasificación se extienda a otros asuntos como el uso del sistema Pegasus.

Por otro lado, los socios de coalición del Gobierno han demandado que este ejercicio de transparencia se aplique también a los documentos relativos al Sáhara Occidental y la Marcha Verde. Mientras tanto, el sector mayoritario del Ejecutivo ha cerrado filas en torno a la versión de Interior, contando con el respaldo público de ministros como Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres y Carlos Cuerpo, quienes han negado haber tenido conocimiento previo de la crisis de Ceuta.

Con esta medida, el Gobierno busca desactivar las críticas de la oposición y de sus propios socios, apelando a la responsabilidad de Estado de las fuerzas políticas. La publicación de los informes determinará finalmente si hubo una negligencia en la cadena de comunicación o si, como sostiene la titular de Defensa, la información estaba a disposición de las autoridades competentes antes de que se produjera la entrada masiva.