Mónica García vincula el incremento de las bajas laborales con la «angustia» por el acceso a la vivienda

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha relacionado el incremento de las bajas laborales en España con factores socioeconómicos, señalando el acceso a la vivienda como una de las causas principales de deterioro en la salud de la población. En una reciente intervención institucional, la titular de Sanidad ha subrayado que la «ansiedad» y la «angustia» derivadas de la situación del mercado inmobiliario impactan directamente en el bienestar de los trabajadores, traduciéndose en un aumento de los procesos de incapacidad temporal.

Al ser consultada por la evolución de las cifras de bajas por enfermedad, que se han duplicado desde el año 2015, García ha contextualizado este fenómeno destacando que el país se encuentra en un «récord histórico de trabajadores». Según la ministra, el volumen actual de la población activa es un factor determinante a considerar al analizar las estadísticas de salud laboral, rechazando lecturas que pongan en duda la veracidad de las patologías reportadas por los empleados.

La ministra ha defendido la necesidad de analizar las causas estructurales que llevan a la enfermedad en lugar de centrar el debate únicamente en la gestión de la prestación. En este sentido, ha apuntado a la salud mental como un eje prioritario, vinculando la estabilidad vital y el derecho a la vivienda con la reducción de la prevalencia de cuadros clínicos que derivan en ausencias del puesto de trabajo.

En el plano político, la responsable de la cartera de Sanidad ha criticado las posturas mantenidas por dirigentes del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. García ha lamentado lo que considera una siembra de «duda» sobre los trabajadores que se encuentran en situación de baja médica, rechazando las acusaciones que señalan un presunto fraude o falta de rigor en la prescripción de estas ausencias justificadas.

Finalmente, desde el Ministerio de Sanidad se ha insistido en que el foco de la política pública debe permanecer en la prevención y en la mejora de las condiciones de vida. Para la ministra, el abordaje integral de la salud pública pasa inevitablemente por resolver la «principal preocupación de los españoles», situando la vivienda no solo como un derecho social, sino como un condicionante crítico de la salud laboral en el escenario actual.