La justicia restituye la posesión de una vivienda a una mujer de 91 años tras cuatro años de litigio en Málaga

La propietaria de un inmueble en Málaga, una mujer de 91 años con un estado de salud delicado, ha logrado recuperar su vivienda tras un procedimiento judicial que se ha prolongado durante cuatro años. El caso, que concluyó este mes de abril con el lanzamiento efectivo de los ocupantes, subraya la complejidad técnica en la aplicación de los criterios de vulnerabilidad económica y la ejecución de sentencias firmes en materia de arrendamientos urbanos.

El proceso legal se inició formalmente en 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Málaga, tras el impago de la renta pactada de 400 euros mensuales. A pesar de que la justicia dictó una sentencia favorable ese mismo año, declarando resuelto el contrato, la recuperación del inmueble se vio dilatada por sucesivas solicitudes de suspensión extraordinaria basadas en la normativa de protección a colectivos en situación de exclusión.

La Audiencia Provincial de Málaga confirmó íntegramente la resolución de primera instancia en abril de 2023. Sin embargo, la ejecución del desalojo quedó paralizada después de que la parte demandada alegara una situación de vulnerabilidad social y económica. Según consta en la documentación del caso, los ocupantes basaban su petición en la falta de alternativa habitacional tras el cese de su actividad laboral autónoma durante la crisis sanitaria.

La controversia jurídica aumentó al contrastarse los ingresos de ambas partes. La documentación oficial de la Seguridad Social acreditó que los inquilinos percibían una prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV) de 1.309,25 euros mensuales, una cantidad superior a la pensión de jubilación de la propietaria. Esta circunstancia, sumada al estado de salud de la arrendadora —quien recientemente fue intervenida quirúrgicamente por una fractura de cadera—, fue el eje central de las alegaciones de la defensa para reactivar el lanzamiento.

El despacho jurídico Torres y Tur Abogados, encargado de la defensa de la propietaria, ha señalado que este caso ilustra la distancia existente entre la obtención de una sentencia favorable y su ejecución material. Según la representación legal, la normativa actual permite dilatar los procesos de desahucio de forma prolongada, independientemente de la situación económica real de los propietarios, que en ocasiones presentan una vulnerabilidad equiparable o superior a la de los ocupantes.

La resolución definitiva del caso reabre el debate en el sector jurídico sobre la necesidad de que los juzgados realicen una verificación efectiva y ponderada de la situación económica de ambas partes antes de acordar suspensiones por vulnerabilidad. Expertos en derecho civil sugieren que una evaluación más exhaustiva evitaría perjuicios patrimoniales prolongados en propietarios de avanzada edad, garantizando el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada.