El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde esta semana a la proposición de ley que concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo la administración de España. La iniciativa, que busca reparar un vacío legal de casi cinco décadas, beneficiará a más de 80.000 personas que nacieron en el territorio cuando este aún era considerado la provincia número 53 del Estado español.
La norma ha salido adelante con el respaldo mayoritario de la Cámara, pese al voto en contra de Vox y las abstenciones de las delegaciones del Partido Popular y Junts. El texto legislativo establece que podrán acogerse a esta medida todos aquellos ciudadanos nacidos en el Sahara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, fecha que marca el límite de la presencia administrativa efectiva tras la firma de los Acuerdos de Madrid y la posterior retirada española.
Para la obtención de la nacionalidad, los solicitantes no requerirán de residencia legal previa en España. El procedimiento administrativo permitirá acreditar la condición de originario mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) español —aunque esté caducado—, el certificado de inscripción en el censo para el referéndum de autodeterminación o cualquier otro documento oficial expedido por la administración española de la época que certifique el lugar y la fecha de nacimiento.
La aprobación de esta ley supone un giro respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en el año 2020 denegó la nacionalidad a los nacidos en el Sahara antes de noviembre de 1975, argumentando que el territorio no podía considerarse España a efectos de la nacionalidad de origen. Con esta decisión, el poder legislativo corrige lo que diversos colectivos sociales y jurídicos han calificado como un «error histórico» derivado del proceso de descolonización interrumpido tras la Marcha Verde y la muerte de Francisco Franco.
Desde el Colectivo de Saharauis nacidos bajo bandera y administración española, su presidente, Boucharaya Bahi, ha manifestado que este reconocimiento representa el vínculo ininterrumpido de una población que mantuvo su lengua y sus raíces culturales. Según los testimonios recogidos en la tribuna de invitados, la nacionalidad no solo otorga seguridad jurídica y derechos civiles a miles de personas que actualmente residen en España con permisos temporales, sino que también refuerza la identidad de quienes permanecen en los territorios ocupados o en los campamentos de refugiados.
El proceso legislativo ha contado con el impulso técnico de despachos jurídicos y enmiendas parlamentarias que han equiparado este proceso al que se llevó a cabo en 2015 con la comunidad sefardí. No obstante, mientras que la ley de 2015 atendía a una reparación de siglos, la actual norma responde a una vinculación administrativa directa y reciente, donde muchos de los beneficiarios fueron funcionarios públicos o descendientes directos de ciudadanos con plenos derechos en las antiguas Cortes españolas.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, el texto será remitido al Senado para continuar su tramitación. De no introducirse modificaciones, la ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriendo un plazo para que los afectados inicien los expedientes de solicitud de nacionalidad ante el Ministerio de Justicia. Organizaciones internacionales y observadores de la ONU permanecen atentos al impacto que esta medida pueda tener en el contexto del proceso de descolonización pendiente del Sahara Occidental.
