La Fiscalía advierte sobre el incremento de la violencia y el uso de armas de guerra por el narcotráfico en Andalucía

La Fiscalía General del Estado ha manifestado su profunda preocupación ante el progresivo deterioro de la seguridad en el litoral andaluz debido al fortalecimiento de las redes de narcotráfico. Según recoge la Memoria Anual del Ministerio Público, la actividad delictiva en la región ha evolucionado hacia una mayor profesionalización, caracterizada por la presencia de organizaciones internacionales procedentes de los Balcanes y Ucrania, y el empleo de armamento pesado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El informe institucional destaca que los grupos criminales han abandonado la discreción habitual en este tipo de actividades para operar de manera abierta en provincias como Huelva, Almería y Málaga. La Fiscalía subraya una preocupante pérdida de respeto al principio de autoridad, señalando que los agentes de seguridad se enfrentan de forma recurrente a situaciones críticas que se asemejan a la crisis vivida en Barbate en 2023, donde dos guardias civiles perdieron la vida tras ser arrollados por una narcolancha.

Una de las principales alertas del Ministerio Público se centra en la sofisticación y potencia del armamento incautado. En la provincia de Almería, las autoridades han intervenido durante el último ejercicio un total de 78 armas de fuego, entre las que se incluyen subfusiles e incluso un lanzacohetes. Este arsenal suele estar en manos de bandas altamente profesionalizadas que no dudan en emplear la violencia tanto en enfrentamientos entre clanes, conocidos como «vuelcos», como en ataques directos contra los funcionarios policiales.

El documento detalla un aumento significativo en las aprehensiones de sustancias ilícitas en puntos específicos de la geografía andaluza. En Almería, la incautación de cocaína ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 324 kilogramos a 1.255 kilogramos en el último periodo reportado. Por su parte, en Málaga y Marbella se observa una tendencia hacia estructuras delictivas más complejas y menos evidentes, centradas en el blanqueo de capitales mediante sofisticados entramados empresariales que, según la Fiscalía, no están siendo combatidos de manera eficaz por la falta de una estructura judicial adecuada.

La situación varía según la provincia, pero mantiene un denominador común de violencia. En Cádiz y Huelva destaca el fenómeno del «petaqueo» o suministro de combustible, con incautaciones de gasolina que en el caso onubense han superado los 344.000 litros. En Granada, la proliferación de cultivos de marihuana en viviendas por parte de organizaciones extranjeras ha derivado en la expulsión violenta de residentes locales. Asimismo, en Sevilla se ha constatado el uso de armas de guerra contra la Policía Nacional, resultando en heridos de gravedad pese al uso de protecciones reglamentarias.

Ante este escenario, el Ministerio Público ha reiterado la necesidad urgente de dotar a la región de mayores recursos y una organización judicial acorde a la magnitud del desafío. Entre las reivindicaciones principales figura la creación de delegaciones antidroga específicas que permitan abordar con mayor agilidad y especialización la complejidad de los procedimientos derivados del crimen organizado en el sur de España.