Las nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática en 2026 ya superan los registros del año anterior

Las adquisiciones de la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, tramitadas en los registros civiles nacionales, han superado en los primeros seis meses de 2026 la totalidad de los expedientes resueltos en 2025. Según los datos facilitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a través del Portal de Transparencia, a fecha de 2 de julio de 2026 se contabilizaron 1.247 nacionalizaciones, frente a las 1.231 documentadas durante el pasado ejercicio.

El incremento en las cifras de inscripción refleja una tendencia al alza en la gestión de estos expedientes en territorio español. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el sistema registró 22 concesiones en 2023 y 81 en 2024. El salto cuantitativo más relevante se produjo en 2025, con un aumento superior al 1.400%, coincidiendo con la implementación completa de la aplicación Dicireg, herramienta que permite la gestión electrónica integral de los hechos relativos al estado civil.

Desde la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se ha precisado que estos datos se limitan a los registros civiles y órganos dependientes del Ministerio de Justicia. No obstante, la mayor parte de la actividad administrativa de la denominada «ley de nietos» se desarrolla fuera de las fronteras nacionales. Según el departamento ministerial, el 95,5% de las solicitudes de nacionalidad española por opción se tramitan a través de las oficinas consulares, competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El procedimiento administrativo para la obtención de la nacionalidad por esta vía requiere que la persona interesada manifieste formalmente su voluntad ante el encargado del Registro Civil de su domicilio, ya sea en una oficina general o consular. Tras el examen del expediente y la verificación de los requisitos legales, se procede al juramento o promesa exigidos y a la posterior práctica de la inscripción, momento en el que el alta ciudadana adquiere carácter oficial.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, fue concebida para la reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En su articulado, la norma abrió la posibilidad de optar a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de progenitores o abuelos que perdieron la ciudadanía por el exilio, así como a hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la vigencia de la Constitución de 1978.

A pesar de que el plazo legal para la presentación de solicitudes concluyó el 22 de octubre de 2025 —tras una prórroga de un año autorizada por el Consejo de Ministros—, la administración continúa procesando y resolviendo los expedientes que entraron en registro dentro del tiempo estipulado. Esta labor de tramitación técnica justifica que las cifras de concesiones sigan registrando niveles máximos durante el presente año.