Óscar López defiende la legalidad de las actividades de la pareja de Montse Mínguez y pide centrar el debate en el derecho a la vivienda
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha manifestado este miércoles su respaldo a la actividad profesional de la pareja de la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez. Durante su intervención en el foro CREO, organizado por Cinco Días, López ha subrayado que el debate político debe priorizar la defensa del derecho constitucional a la vivienda frente a lo que ha calificado como el señalamiento de ciudadanos que ejercen actividades económicas lícitas.
Las declaraciones del ministro surgen tras las informaciones publicadas por El Español sobre Sergi Vélez, pareja de la diputada socialista, quien presuntamente gestiona empresas en Panamá vinculadas a negocios inmobiliarios de su grupo familiar. López ha incidido en que Vélez cumple estrictamente con el marco legal vigente y ha rechazado que se utilicen estas actividades para desviar el foco de la gestión política en materia residencial.
«A partir de ahí no se trata de perseguir ni señalar a quien hace una actividad lícita y quien cumple con la ley», ha declarado el titular de Transformación Digital ante las preguntas de los medios. Según el ministro, lo relevante en la agenda parlamentaria actual es identificar qué formaciones políticas trabajan por garantizar el acceso a una vivienda digna y cuáles no, instando a evitar ataques personales que, a su juicio, carecen de fundamento jurídico.
Por su parte, la propia Montse Mínguez también ha salido al paso de la información para asegurar que la actividad profesional de su pareja se ajusta plenamente a la normativa vigente. La portavoz parlamentaria ha defendido que las operaciones inmobiliarias de su entorno familiar son compatibles con el cumplimiento de la legislación española en la materia.
Este episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión parlamentaria por la crisis habitacional. Mientras el Gobierno defiende la aplicación de la Ley de Vivienda, la oposición mantiene sus críticas a la gestión del Ejecutivo, sumando ahora este nuevo frente de controversia sobre la actividad privada de familiares de cargos públicos del partido del Gobierno.
