La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo para dar cuenta de su gestión durante la primera etapa de la pandemia. Durante su declaración, la ingeniera gallega ha calificado de «impecable» el proceso de adquisición de mascarillas por parte del ente público y ha rechazado que Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, le diera instrucciones directas para la contratación de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión.
Pardo de Vera ha limitado el papel de Koldo García a funciones logísticas relacionadas con la organización de los vuelos y ha subrayado que la orden de compra de cinco millones de mascarillas, valorada en 12 millones de euros, fue firmada directamente por el ministro Ábalos. La testigo ha asegurado ante el tribunal que no intervino en el diseño de las necesidades de suministro ni en la fijación de las cantidades, afirmando desconocer quién asesoraba técnicamente a la cartera de Transportes en aquel momento.
En el marco de su comparecencia, la exdirectiva ha lanzado duras críticas contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por la auditoría interna encargada para revisar dichos contratos. El informe resultante apuntaba a la responsabilidad de Ábalos y cuestionaba el aumento súbito del volumen de pedidos para Puertos del Estado. «No puede auditar quien es parte del proceso», ha sentenciado Pardo de Vera, invalidando a su juicio las conclusiones del documento ministerial.
Respecto a la elección de la empresa Soluciones de Gestión, que alcanzó una facturación de 53,1 millones de euros en 2020 tras años de inactividad, Pardo de Vera ha defendido la decisión de su equipo. Según su relato, ADIF barajó dos ofertas: la de la mercantil aragonesa y otra de una empresa tecnológica china. Se optó por la primera debido a que no exigía pagos por adelantado y a la experiencia previa favorable que había tenido Puertos del Estado, calificando los resultados de la operación como «satisfactorios».
Sobre la figura de Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama, la expresidenta de ADIF ha reconocido que le causaba preocupación verle con frecuencia en el despacho de Ábalos, incluso cuando el ministro no estaba presente. Pardo de Vera ha señalado que esta situación «chocaba a los trabajadores y a los bedeles», motivo por el cual llegó a trasladar su inquietud al propio Ábalos. Tras dicha advertencia, el empresario dejó de frecuentar las dependencias del Ministerio.
A pesar de su defensa de la legalidad de los contratos, Isabel Pardo de Vera mantiene su condición de investigada en la Audiencia Nacional por cinco delitos, entre ellos malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que Koldo García se habría valido de la posición de la presidenta de ADIF para facilitar información privilegiada y materializar presuntos amaños en las adjudicaciones públicas objeto de investigación.
El juicio continúa su curso en una fase determinante para esclarecer las responsabilidades en el presunto cobro de comisiones ilegales. Mientras la Fiscalía Anticorrupción mantiene peticiones de pena de hasta 30 años para Ábalos y Koldo García, las partes han rebajado a siete años la solicitud para Víctor de Aldama tras su reciente disposición a colaborar con la justicia.
