La Audiencia Nacional imputa al exjefe de la UDEF por las presuntas investigaciones irregulares a Podemos
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en calidad de investigados al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Manuel García Catalán, y a otro agente del cuerpo. Esta decisión se enmarca en la instrucción que investiga las presuntas actuaciones irregulares llevadas a cabo por la cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy contra miembros de la formación política Podemos.
La providencia judicial, que estima el recurso interpuesto por el exlíder de la formación, Pablo Iglesias, fija las comparecencias para el próximo 25 de junio a las 10:15 horas. El instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5 busca esclarecer si se realizaron investigaciones prospectivas, carentes de control judicial o fiscal, dirigidas específicamente contra cargos electos y dirigentes del partido con fines ajenos a la labor policial legítima.
Las pesquisas se iniciaron tras la admisión a trámite de una querella presentada por Podemos, en la que se denuncian delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Según el relato de la parte querellante, los responsables policiales habrían actuado bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad para recabar información perjudicial sobre la organización política fuera de los cauces legales ordinarios.
Si bien el juez Pedraz ha aceptado investigar el núcleo principal de la querella, ha descartado de plano los delitos de malversación de caudales públicos y contra las instituciones del Estado. El magistrado considera que los hechos descritos en el escrito de acusación no pueden ser subsumidos en estos tipos penales específicos, limitando la instrucción a la presunta estructura dedicada a la obtención ilícita de información y el uso irregular de recursos de inteligencia policial.
Este nuevo impulso procesal sitúa el foco en la actuación de la UDEF y su vinculación con las directrices de los antiguos altos cargos del Ministerio del Interior. La causa pretende determinar si los informes elaborados sobre la financiación y las actividades de los miembros de Podemos respondieron a indicios de criminalidad reales o si formaron parte de una estrategia para desestabilizar a la formación política mediante el uso institucional de las fuerzas de seguridad.
