El juez Peinado inhibe a favor de la Fiscalía Europea la investigación sobre los contratos de Juan Carlos Barrabés

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la remisión de la pieza separada relativa al empresario Juan Carlos Barrabés a la Fiscalía Europea. La decisión se sustenta en que los contratos bajo sospecha fueron sufragados con fondos de la Unión Europea, lo que otorga la competencia jurisdiccional al organismo comunitario para investigar posibles irregularidades en las adjudicaciones públicas.

Según consta en el auto judicial, el magistrado ha tomado esta determinación tras el reciente pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que delimitó el perímetro de la causa principal. Peinado expone que resulta procedente remitir el conocimiento de los hechos a la instancia europea y acuerda, de forma simultánea, el archivo de estas actuaciones en su juzgado «sin más trámite» para evitar duplicidades procesales.

La investigación se centra en una serie de licitaciones adjudicadas por la entidad pública Red.es a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Innova Next —empresa vinculada a Barrabés— y la consultora KPMG. Las pesquisas analizan si los procesos de contratación se ajustaron a la legalidad vigente o si existieron tratos de favor en la concesión de los proyectos financiados con partidas comunitarias.

En el marco de estas indagaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió un informe en el que subraya anomalías en los informes de valoración. Los investigadores sostienen que se pudo obviar deliberadamente la inexistencia de un «libro blanco», documento que figuraba como requisito necesario en los pliegos de condiciones para obtener la puntuación requerida en la licitación.

El análisis de la Benemérita indica que la omisión de este requisito técnico en los informes de evaluación pudo tener como objetivo ocultar el incumplimiento ante otros licitadores concurrentes. Estas conclusiones se derivan del estudio de las comunicaciones electrónicas relativas a los procedimientos de contratación que ahora pasan a ser gestionados de forma exclusiva por la Fiscalía Europea.

Esta decisión se produce en un contexto de alta complejidad jurídica, mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza la situación del magistrado instructor tras las quejas presentadas por las partes. Con este movimiento, el juzgado ordinario se aparta de la rama de la investigación que afecta directamente al uso de fondos europeos, dejando la resolución de la trama empresarial en manos de la fiscalía comunitaria.