Gobierno de Perú implementa plan de deshacinamiento penitenciario para 24.000 internos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú ha puesto en marcha una estrategia nacional de deshacinamiento que proyecta la salida de aproximadamente 24.000 reclusos. La medida responde a la crisis de sobrepoblación que atraviesa el sistema penitenciario peruano, el cual alberga actualmente a más de 105.000 internos, excediendo significativamente su capacidad instalada de 41.500 plazas.

El plan, presentado formalmente por el titular de la cartera de Justicia, Luis Jiménez, busca atender de manera prioritaria el problema de la sobrepoblación sin comprometer la seguridad ciudadana. Según las autoridades, el proceso se fundamenta en un análisis técnico de egresos potenciales, centrado exclusivamente en internos condenados por delitos de menor peligrosidad y bajo criterios estrictos de evaluación legal.

De acuerdo con el diagnóstico del Ejecutivo, un total de 24.739 reos han sido identificados como posibles beneficiarios de este plan. La implementación se llevará a cabo de forma coordinada entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial, empleando mecanismos legales como beneficios penitenciarios, conversión y conmutación de penas, redención por trabajo y el traslado de ciudadanos extranjeros a sus países de origen.

En la primera fase operativa del proyecto, el INPE remitirá un lote inicial de 5.000 expedientes a las instancias judiciales correspondientes. Esta acción inmediata busca agilizar los egresos de internos que cumplen con los requisitos de baja peligrosidad, permitiendo un alivio gradual de la presión sobre la infraestructura carcelaria existente.

Desde la perspectiva económica, el Gobierno estima que la ejecución de este plan representará un ahorro para el Estado de más de 3.600 millones de soles (aproximadamente 911 millones de euros) en inversión de infraestructura. El Ministerio de Justicia destacó que mantener a un interno bajo estándares mínimos de servicios básicos, salud y seguridad representa un costo anual de 147.000 soles por persona.

El ahorro proyectado se calcula en función de la infraestructura que ya no será necesario edificar. La salida de estos 24.000 internos evitaría la construcción de aproximadamente 41 centros penitenciarios de pequeña escala o de ocho megapenales con capacidad para 3.000 personas cada uno, cuyos costos de edificación oscilan entre los 88 y los 441 millones de soles por unidad.

Finalmente, el plan de deshacinamiento se complementará con el fortalecimiento del sistema administrativo y de vigilancia. Se ha anunciado la incorporación de 500 nuevos agentes penitenciarios y personal de asistencia técnica-legal, así como la construcción programada de nuevos espacios para albergar a 3.200 reclusos adicionales, con el fin de equilibrar el déficit habitacional del sistema.