Vivienda impulsa el Plan Estatal 2026-2030 con una inversión récord de 7.000 millones de euros
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el marco de la Conferencia Sectorial. El programa, que cuenta con una dotación presupuestaria de 7.000 millones de euros, busca consolidar la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso residencial asequible en todo el territorio nacional.
Durante su intervención, Rodríguez ha instado a las administraciones autonómicas a «aparcar las diferencias partidistas» en favor de un consenso institucional que permita dar respuesta a las demandas ciudadanas. El plan, fruto de meses de negociaciones y más de una treintena de reuniones sectoriales, se encamina a su aprobación con el respaldo mayoritario de las comunidades, a pesar de las discrepancias técnicas manifestadas en torno al reparto de fondos y criterios específicos de aplicación.
La estructura financiera del nuevo plan contempla triplicar la inversión pública respecto al programa precedente. El Estado asumirá el 60% de la financiación total, mientras que el 40% restante será aportado por las comunidades autónomas. Una de las prioridades fijadas por el Ministerio es el destino de al menos el 40% de los fondos previstos de manera exclusiva a la ampliación y consolidación del parque público de vivienda.
Entre las medidas estructurales presentadas destaca el blindaje permanente de las viviendas protegidas. El Ejecutivo pretende asegurar que los inmuebles edificados o rehabilitados con fondos públicos mantengan su calificación de forma indefinida, evitando así su trasvase al mercado libre. Este mecanismo se complementa con incentivos para movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler asequible y subvenciones para la rehabilitación residencial enfocadas en la eficiencia energética y la accesibilidad.
En cuanto a las ayudas directas, el plan incorpora una línea específica para el alquiler joven con prestaciones de hasta 300 euros mensuales, orientadas a facilitar la emancipación de este colectivo. Asimismo, se contemplan programas de actuación en zonas declaradas como tensionadas y medidas de apoyo para los municipios rurales con el fin de combatir el riesgo demográfico mediante la mejora de la oferta habitacional.
La ministra Rodríguez ha confirmado que el Ministerio trabaja con la previsión de iniciar la distribución de los fondos durante el segundo semestre del presente año. Según ha asegurado la titular de Vivienda, el calendario electoral no condicionará el despliegue de las medidas, garantizando la estabilidad del sistema para reducir la presión sobre los precios del mercado residencial y fortalecer la oferta pública estable.
