El ex-consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ratificó este martes ante la Audiencia Nacional que la aerolínea destinó el 1% del rescate estatal —un total de 530.000 euros— al pago de comisiones a Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según la declaración prestada en calidad de investigado, dichos fondos habrían sido entregados bajo la convicción de que el exlíder socialista mediaría ante el Ejecutivo para facilitar la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada durante la pandemia.
Roselli coincidió con el testimonio ofrecido el día anterior por el expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola. Ambos directivos admitieron en sede judicial que la contratación de las empresas vinculadas a Martínez Martínez buscaba asegurar la viabilidad de la operación de rescate, si bien Roselli puntualizó que no mantuvo contacto directo con el expresidente Zapatero ni conoce los pormenores técnicos de las gestiones que este pudiera haber realizado ante las instituciones.
Durante el interrogatorio, que se extendió por tres horas ante el magistrado José Luis Calama, el exdirectivo explicó que los pagos se articularon a través de la facturación de informes de escasa relevancia para la actividad de la empresa. El objetivo de este procedimiento era, según su testimonio, encubrir la transferencia de fondos hacia el socio del expresidente. Roselli añadió que la dirección de la aerolínea recibió información previa sobre la resolución favorable del rescate días antes de que la ayuda fuera formalmente aprobada.
El desglose de los pagos detallado ante el tribunal revela que el compromiso de 530.000 euros se distribuyó entre los años 2020 y 2025 a través de diversas sociedades vinculadas a Martínez Martínez, como Análisis Relevante, Voli Analítica y Domotic Europe. Además de las transferencias bancarias, el acuerdo incluyó pagos en especie valorados en 69.000 euros, consistentes en billetes de clase «business» que la aerolínea puso a disposición del socio de Zapatero durante varios ejercicios.
La defensa de los exdirectivos sitúa el inicio de esta operativa en abril de 2020, en el contexto de la paralización total del tráfico aéreo por el confinamiento sanitario. Según el relato aportado a la causa, tras gestiones iniciales para buscar contactos con influencia institucional, el propio Zapatero habría mantenido una conversación telefónica de diez minutos con Martínez Sola el 30 de abril de ese año. En dicho contacto, el expresidente habría manifestado su disposición a colaborar y habría designado a Martínez Martínez como la persona de confianza para coordinar el seguimiento del expediente.
Esta declaración se enmarca en la instrucción que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 4 por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pese a reconocer los pagos y calificarlos internamente en su momento como una «mordida», los exdirectivos defendieron la naturaleza operativa de Plus Ultra, rechazando que se tratara de una sociedad pantalla. Atribuyeron la decisión de abonar dichas cantidades a una situación de «extrema necesidad» financiera y a la búsqueda desesperada de liquidez para evitar la quiebra de la compañía.
