El Tribunal Supremo suspende cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones derivadas de la ‘ley de nietos’

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que estima las medidas cautelares solicitadas por la formación política Vox y la organización Iustitia Europa. La decisión judicial afecta directamente a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que se han tramitado al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ‘ley de nietos’.

El alto tribunal ha dispuesto que las nuevas solicitudes de inscripción que se encuentran actualmente en tramitación queden suspendidas una vez finalice su proceso administrativo. En el caso de aquellas personas que ya figuran de alta en el censo, el auto judicial ordena la suspensión de sus efectos electorales de cara a los próximos procesos comicios que puedan convocarse en el territorio nacional.

La medida cautelar dictada por los magistrados tiene un carácter provisional y permanecerá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. El procedimiento principal analiza la legalidad de los criterios de inscripción y el impacto de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que facilita la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de exiliados y ciudadanos españoles residentes en el extranjero.

Iustitia Europa y Vox fundamentaron su solicitud en la necesidad de garantizar la integridad del censo electoral ante posibles irregularidades en el procedimiento de registro masivo de nuevos electores. Con esta resolución, el Tribunal Supremo busca preservar la seguridad jurídica del sistema electoral mientras se dirime si la normativa aplicada se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.

El fallo supone un hito relevante en la implementación de la Ley de Memoria Democrática, puesto que limita la participación política de miles de nuevos ciudadanos en el exterior hasta que la justicia resuelva las dudas planteadas sobre la constitucionalidad y la ejecución técnica del proceso de nacionalización.