El PNV vincula sus gestiones por Tubos Reunidos a la defensa industrial y se desmarca del «caso Leire»
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha reconocido este miércoles haber mantenido reuniones y contactos con el Gobierno central para interesarse por la situación de la empresa Tubos Reunidos, tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. No obstante, la formación jeltzale ha desvinculado categóricamente estas gestiones de las actividades bajo investigación en el denominado «caso Leire», centradas en una presunta trama de influencias y cobro de comisiones en la concesión de ayudas públicas.
Según el informe de la UCO remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, los investigadores sitúan al PNV en el entorno de la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y en la obtención de ayudas. El documento desvela el interés del entonces presidente del partido, Andoni Ortúzar, por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por la siderúrgica, una operación que la justicia investiga ante la sospecha del pago de comisiones ilícitas.
Fuentes oficiales de la formación nacionalista han enmarcado estas actuaciones dentro de la defensa de empresas que consideran «estratégicas y con gran impacto en el tejido económico» de Euskadi. El PNV sostiene que su labor consiste en velar por el bienestar de la ciudadanía vasca, lo cual implica interesarse por la viabilidad de compañías de las que dependen numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en sus respectivas comarcas.
En este sentido, el partido ha subrayado que este tipo de interlocución con el Ejecutivo central, desarrollada tanto en el ámbito público como privado, es una práctica habitual y transparente de su acción política. Han recordado que, de igual manera, han intervenido en favor de otras entidades como Talgo, CAF, Astilleros Balenciaga o BSH, y han recalcado que otros partidos políticos, tanto a nivel autonómico como estatal, realizan gestiones similares en favor de su tejido empresarial.
Finalmente, el PNV ha advertido que no tiene ninguna vinculación con las «actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas», en clara alusión a los principales investigados en la causa. La investigación judicial se centra en un supuesto grupo criminal que habrían conformado la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, quienes habrían operado para desestabilizar procedimientos judiciales y mediar en la concesión de fondos públicos.
