Jupol y Jucil denuncian la exclusión de policías y guardias civiles de la jornada de 35 horas

Las organizaciones profesionales Jupol y Jucil han denunciado este viernes lo que consideran una situación de discriminación hacia los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La protesta se produce tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de la jornada laboral de las Fuerzas Armadas, que contempla la implantación de las 35 horas semanales para el personal militar, una medida que no ha sido extendida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones han calificado de «inadmisible» que los profesionales encargados de la seguridad ciudadana permanezcan al margen de las mejoras en las condiciones laborales que se están aplicando a otros colectivos de empleados públicos. Según los representantes de los agentes, esta situación evidencia un «abandono institucional» por parte del Gobierno hacia los efectivos de la Policía y la Benemérita.

El marco normativo que regula esta situación se remonta a la resolución de 14 de abril de la Secretaría de Estado de Función Pública. En dicho documento, que aprobaba la jornada de 35 horas en la Administración estatal, se excluyó expresamente tanto a las Fuerzas Armadas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, argumentando que ambos colectivos cuentan con marcos normativos específicos y ámbitos propios de negociación.

No obstante, el foco de la queja de Jupol y Jucil reside en la disparidad de criterios entre departamentos ministeriales. Las organizaciones señalan que, mientras el Ministerio de Defensa ha procedido a aplicar la jornada reducida para los militares, el Ministerio del Interior continúa sin ofrecer una respuesta efectiva a las reivindicaciones de los policías nacionales y guardias civiles.

Finalmente, las organizaciones han recordado que la seguridad ciudadana es un pilar fundamental del Estado y que la exclusión de estas mejoras laborales afecta directamente a la moral y a la conciliación de los agentes. Han instado al Ejecutivo a corregir lo que consideran un agravio comparativo respecto al resto de la Función Pública y, ahora, respecto al estamento militar.