La Policía polaca defiende la legalidad de su actuación ante la crisis institucional en el Tribunal Constitucional

El comandante en jefe de la Policía de Polonia, Marek Boroń, ha defendido mediante un comunicado oficial la legalidad y neutralidad de las intervenciones policiales realizadas el pasado viernes y sábado en las inmediaciones del Tribunal Constitucional en Varsovia. El despliegue, que ha generado un intenso debate público, se produce en el marco de una crisis institucional sin precedentes que enfrenta a la cúpula de la corte con el actual Gobierno y el Parlamento polaco.

Boroń aseguró que las actuaciones de los agentes se ajustaron plenamente a la legislación vigente y a las normas éticas del cuerpo. Según el alto mando, la presencia policial fue indispensable para garantizar la seguridad de las personas en el interior de la sede judicial, así como la de los ciudadanos que se congregaron en el exterior. «La Policía nunca es parte de ningún conflicto, sino que constituye una garantía para la protección de la seguridad», subrayó el comandante, insistiendo en que la misión de la fuerza es cumplir la Ley de Policía y no valorar el funcionamiento interno de las instituciones del Estado.

Neutralidad frente al conflicto político

En su mensaje, el jefe policial reivindicó la independencia de la institución frente a intereses partidistas, calificando al cuerpo como un «escudo protector» ante posibles intentos de instrumentalización ilegal. Boroń apeló a la cohesión interna y recordó que el uniforme exige postergar simpatías políticas en favor del orden público y la seguridad nacional. Asimismo, advirtió de que cualquier intento de socavar la unidad de la formación dificulta el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

La tensión en la sede del tribunal se ha agudizado tras meses de parálisis administrativa. El conflicto se remonta a principios de año, cuando el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, rechazó tomar juramento a los magistrados propuestos por la actual mayoría parlamentaria del Gobierno de Donald Tusk. La situación se volvió crítica este viernes, tras la supuesta suspensión de los magistrados Bogdan Swieczkowski y Bartlomiej Sochanski, y la posterior autoproclamación de Anna Korwin-Piotrowska como nueva presidenta interina de la corte.

Fractura en la cúpula judicial

La crisis ha derivado en una dualidad de mandos dentro de la propia institución. Mientras Korwin-Piotrowska anunciaba su asunción del cargo ante los medios de comunicación, los canales oficiales de redes sociales del tribunal denunciaban una «toma ilegal» de su infraestructura digital. La representación afín a la anterior administración calificó los movimientos recientes como un «delito de golpe de Estado», elevando la gravedad de la disputa jurídica al ámbito penal.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha respaldado el proceso de cambios en la judicatura, calificándolo como un paso necesario para la restauración del Estado de derecho en el país. El jefe del Ejecutivo reconoció que este proceso de depuración tras años de lo que denominó «arbitrariedad» será difícil y doloroso, pero necesario para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de su Gobierno.

El dispositivo policial se mantiene preventivamente en la zona ante la previsión de nuevas movilizaciones, mientras la comunidad internacional observa con cautela la resolución de este choque de poderes en una de las instituciones fundamentales de la democracia polaca.