La cúpula de la Policía Nacional y las principales organizaciones sindicales del cuerpo han manifestado un profundo malestar ante la reciente estrategia de defensa desplegada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del denominado «caso Plus Ultra». Mandos policiales han cerrado filas en torno a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), defendiendo la «absoluta rigurosidad» de sus investigaciones frente a las acusaciones de realizar pesquisas prospectivas y filtrar datos reservados de carácter personal.
El conflicto institucional surge tras los escritos presentados por el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La defensa ha solicitado la nulidad de diversas actuaciones y la devolución de informes policiales que vinculan al exdirigente socialista con presuntas influencias ilícitas en Bolivia, por las que habría percibido una comisión de 200.000 euros. Según el letrado, la unidad especializada estaría excediendo el objeto de la causa para indagar en la actividad privada de su patrocinado, incurriendo en una investigación no autorizada.
Desde el Sindicato de Mandos (SPP) se ha calificado esta postura como un intento de «desacreditar» la labor de la Policía Judicial cuando esta cumple con las órdenes directas de la autoridad judicial. Los representantes de la escala de mando subrayan que los agentes tienen la obligación ineludible de plasmar en informes técnicos cualquier indicio delictivo o documento comprometedor hallado durante el transcurso de una investigación ordenada por un magistrado, actuando con estricto rigor metodológico.
En la misma línea, fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) han defendido que la UDEF es una unidad de prestigio internacional que no opera por impulsos políticos ni filias personales. Argumentan que el tratamiento de evidencias, como las agendas de la secretaria del expresidente o los dispositivos electrónicos incautados, sigue protocolos de custodia que garantizan la integridad de la prueba. Asimismo, puntualizan que la responsabilidad de decidir qué información debe ser expurgada por afectar a la intimidad corresponde legalmente al juez instructor y no a los investigadores.
Respecto a la difusión de datos personales en los medios de comunicación, la institución policial considera «irresponsable» atribuir tales filtraciones a los agentes sin pruebas objetivas. El magistrado Ismael Moreno ya ha procedido a la apertura de una pieza separada para investigar el origen de estas revelaciones, tal como solicitó el investigado. Por ello, responsables policiales sostienen que señalar a la unidad investigadora supone una «difamación» que carece de respaldo judicial en el momento presente.
El «caso Plus Ultra», que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental, continúa su curso en la Audiencia Nacional. Mientras la defensa de Rodríguez Zapatero insiste en la vulneración de derechos fundamentales para buscar la nulidad del procedimiento, los mandos del Cuerpo Nacional de Policía reiteran que la neutralidad de la UDEF constituye la mayor garantía del Estado de derecho frente a estrategias procesales que tildan de temerarias.
