Dos policías heridos en los disturbios de 2019 demandan a Interior ante la Audiencia Nacional
Dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos de gravedad durante los disturbios ocurridos en la plaza Urquinaona de Barcelona en octubre de 2019, en el marco de las protestas de Tsunami Democràtic, han interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional. La acción legal se dirige contra el Ministerio del Interior, tras la negativa del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a reconocer a ambos funcionarios como víctimas del terrorismo.
Los recurrentes, identificados como A.G.B. y A.M.H.S., formaban parte del operativo desplegado el 18 de octubre de 2019 tras la sentencia del «procés». Según el relato de los hechos incorporado al procedimiento judicial, los agentes fueron víctimas de una violencia organizada que incluyó el lanzamiento de adoquines, ácido, cócteles molotov y bolas de petanca desde las azoteas. Uno de los policías sufrió una fractura abierta de radio por el impacto de un objeto contundente, lesión que ha derivado en una incapacidad permanente para el servicio. El segundo agente padece un cuadro de estrés postraumático severo tras perder el conocimiento durante los enfrentamientos.
La representación legal de los agentes, ejercida por los despachos Fuster-Fabra Abogados y Statera Legal, ha formalizado el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La demanda impugna directamente la resolución ministerial y el dictamen previo de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, notificado el pasado 26 de febrero, que desestimó la condición de víctimas de terrorismo para los funcionarios actuantes en aquella jornada.
Los letrados sostienen que los hechos no deben calificarse como meros desórdenes públicos, sino como actos enmarcados en un contexto de «violencia urbana organizada» bajo la influencia de Tsunami Democràtic. El recurso solicita que la instancia judicial revise si la actuación administrativa se ajusta a Derecho o si, por el contrario, se ha producido una «desnaturalización de la ley» al negar la protección administrativa solicitada por los efectivos policiales.
Por el momento, el tribunal ya ha admitido a trámite uno de los recursos interpuestos contra el Ministerio del Interior. El proceso judicial adquiere una especial relevancia técnica, ya que podría sentar un precedente sobre el tratamiento administrativo y el encaje jurídico de las lesiones sufridas por las fuerzas de seguridad en contextos de disturbios con fines políticos coordinados.
Desde el ámbito jurídico se subraya que el procedimiento trasciende el caso particular de los dos agentes, pues pone en cuestión los criterios empleados por el Ejecutivo para delimitar el concepto de terrorismo en vía administrativa frente a las investigaciones que se siguen en la jurisdicción penal por hechos similares.
