La Fiscalía Anticorrupción denuncia la «colonización» de las empresas públicas en el juicio del caso mascarillas
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha calificado de «desoladora» la gestión de las sociedades estatales durante su alegato final en el juicio del denominado caso mascarillas. En la última sesión de la vista oral, el representante del Ministerio Público ha denunciado una «colonización» y «parasitación» de las empresas públicas por parte del poder político, señalando directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su entonces asesor, Koldo García.
Durante su intervención, Luzón ha solicitado penas de prisión sustanciales para los principales implicados: 24 años para Ábalos, 19 años para García y siete años para Víctor de Aldama, cuya petición se ha visto atenuada tras su confesión. El fiscal ha fundamentado la gravedad de estas penas no solo en la tipicidad de las conductas, sino en la condición de los acusados como altos representantes de la Administración General del Estado.
Crítica al uso de las estructuras estatales
El Ministerio Público ha puesto el foco en la utilización de la estructura del Ministerio de Transportes para el beneficio personal y de terceros. Según el fiscal, los acusados identificaban de manera sistemática a las sociedades del Estado con el propio Gobierno, asumiendo con «naturalidad y orgullo» la capacidad de colocar a personas de su confianza en puestos públicos sin atender a criterios de mérito o capacidad.
Luzón ha citado ejemplos específicos de estas prácticas, mencionando la incorporación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas dependientes del Ministerio. «Es tal la conciencia de pleno dominio sobre las sociedades estatales que se identifican con el Gobierno», ha señalado el fiscal, quien ha descrito un entorno «cuasicolonial» donde los deseos del titular de la cartera se convertían en exigencias para el escalafón técnico de las entidades.
Defensa de la integridad institucional
En el marco de su alegato, el fiscal ha destacado la figura de los empleados públicos que opusieron resistencia a estas dinámicas. Luzón ha mencionado explícitamente a Virginia Barbancho, trabajadora de Tragsatec, como un ejemplo de integridad que logró romper el silencio en una cadena de mando descrita como una «corte servil». El representante de la Fiscalía ha advertido que estas actuaciones no solo dañan el recto funcionamiento de la función pública, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que la corrupción política «está carcomiendo el sistema democrático», subrayando que solo una reacción judicial contundente puede frenar este tipo de prácticas. Para el Ministerio Público, el uso de las instituciones para fines privados por parte de un ministro y su asesor supone una perversión de la Administración pública puesta al servicio de intereses particulares.
