Un magistrado del Tribunal Constitucional propone avalar el rechazo del Supremo a aplicar la amnistía por malversación
El magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, ha redactado una propuesta de sentencia en la que respalda la decisión del Tribunal Supremo de excluir el delito de malversación de la aplicación de la ley de amnistía. La ponencia, que responde al recurso de amparo presentado por el exconsejero catalán Jordi Turull, sostiene que la interpretación realizada por el alto tribunal se ajusta a la doctrina penal vigente y no vulnera derechos fundamentales.
En el texto de la ponencia, Macías defiende que la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede considerarse «sorpresiva o imprevisible», ni fruto de una «supuesta animadversión» hacia el recurrente. El magistrado subraya que no se aprecia «arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente» en la negativa de los jueces a amnistiar los hechos relacionados con el desvío de fondos públicos durante el proceso independentista de 2017.
Según el planteamiento de Macías, las alegaciones de Turull constituyen una «discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria», una cuestión que, a su juicio, queda fuera del ámbito de protección de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Con ello, el magistrado valida la tesis del Supremo, que considera que el uso de fondos públicos para el referéndum del 1-O implicó un beneficio patrimonial personal para los líderes del procés, lo que excluiría el perdón legal según el articulado de la norma vigente.
Está previsto que el pleno del Tribunal Constitucional debata este borrador el próximo 22 de septiembre. No obstante, se espera que la ponencia sea rechazada por la mayoría progresista del órgano. En caso de que el pleno vote en contra del texto de Macías, el Tribunal deberá designar a un nuevo magistrado para que elabore una nueva ponencia que recoja el sentir mayoritario, previsiblemente favorable a la aplicación de la amnistía.
El recurso de Jordi Turull es el primero de los presentados por los condenados por el «procés» que llega a fase de resolución en el Tribunal Constitucional. El fallo final que se adopte tendrá consecuencias directas sobre la situación procesal de otros encausados, incluido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena, ha indicado que seguirá la doctrina que fije la corte de garantías para decidir sobre la orden de detención que pesa sobre Puigdemont.
Esta deliberación se produce meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre la normativa, concluyendo que la Ley de Amnistía es compatible con el derecho comunitario y no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Esta interpretación del tribunal de Luxemburgo contrasta con el criterio mantenido hasta ahora por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que sostiene que el desvío de dinero público sí comprometió dichos intereses.
