El PP exige a Exteriores el cumplimiento de la orden del Supremo sobre el voto de la «ley de nietos» bajo advertencia de acciones penales
El Partido Popular ha remitido un requerimiento formal, a través de un burofax, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para exigir la ejecución «inmediata y urgente» de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo. Estas resoluciones, con fecha de 10 de septiembre y 12 de octubre, ordenan la suspensión del derecho al voto para aquellos ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática que no acrediten ser descendientes directos de exiliados.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, firma el documento dirigido a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez. En el texto, la formación de la oposición califica de «patente» la conducta «pasiva y obstruccionista» del departamento que dirige José Manuel Albares. Según el PP, esta actitud podría constituir un supuesto de desobediencia efectiva a las resoluciones del alto tribunal.
La formación advierte en su comunicación de las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse del incumplimiento de los autos judiciales. El PP recuerda que el Código Penal y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contemplan penas de prisión de seis a veinticuatro meses y multas coercitivas para las autoridades o funcionarios que se nieguen a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o que infrinjan las normas de formación del censo electoral. Esta advertencia se extiende tanto a la directora general como a sus superiores jerárquicos, incluyendo explícitamente al ministro Albares.
Entre las actuaciones requeridas, el PP solicita que el Ministerio remita a la Oficina del Censo Electoral (OCE) el desglose completo de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) bajo la mencionada ley. El objetivo es distinguir entre los expedientes derivados directamente de supuestos de exilio y aquellos aprobados mediante instrucciones posteriores que el Tribunal Supremo ha puesto en cuestión. Asimismo, instan a los consulados a publicar de forma visible el auto judicial del 12 de octubre.
El plazo marcado por el Partido Popular para la realización de estas gestiones expira el 23 de octubre de 2026. La formación argumenta que, a partir del día siguiente, las Delegaciones Provinciales de la OCE deben iniciar el envío de la documentación para los comicios del 29 de noviembre de 2026. De no depurarse los datos antes de esa fecha, el PP sostiene que el incumplimiento de las cautelares sería «irreparable», afectando a un volumen estimado de 163.020 electores cuyos efectos electorales permanecen suspendidos por la justicia.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado las acusaciones y ha instado al principal partido de la oposición a cesar en lo que considera un ejercicio de «acoso» contra el personal del Servicio Exterior. En declaraciones a Televisión Española, Albares ha defendido la legalidad de la actuación administrativa y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de faltar a la verdad sobre la gestión de los consulados, enmarcando las amenazas de acciones legales dentro de una estrategia electoral.
