El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que exige al Gobierno la creación de un protocolo estatal de integridad para los procesos selectivos de la Administración Pública. La iniciativa, tramitada a través de la Comisión de Hacienda, surge como respuesta a las presuntas irregularidades detectadas recientemente en las oposiciones de la Seguridad Social y en las pruebas de acceso de Renfe, que han generado incertidumbre entre miles de aspirantes.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo solicita una auditoría inmediata de ambos procesos para determinar las responsabilidades pertinentes. En el caso de la Seguridad Social, el PP señala la existencia de actuaciones judiciales que investigan cómo las 33 mejores calificaciones de una convocatoria se concentraron en un mismo centro de exámenes, con preguntas que presuntamente coincidían con el material de una academia privada. Respecto a Renfe, el proceso se encuentra actualmente suspendido a la espera de un informe de la Abogacía del Estado tras denuncias similares de filtración de contenidos.
El protocolo propuesto por el Grupo Popular pretende ser de aplicación obligatoria en toda la Administración General del Estado, organismos públicos y entidades públicas empresariales. El objetivo principal es garantizar que los opositores compitan en igualdad de condiciones y que los fallos administrativos no perjudiquen los derechos de quienes han superado las pruebas con garantías ni de quienes denuncien posibles anomalías en el sistema.
Entre las medidas técnicas incluidas en la iniciativa parlamentaria destaca la exigencia de una trazabilidad completa de las pruebas y una custodia reforzada de los exámenes antes de su realización. Asimismo, el PP propone la publicación obligatoria de las plantillas y los criterios de corrección, así como la implementación de análisis estadísticos de resultados para detectar patrones de fraude y el uso de tecnologías que impidan el empleo de dispositivos prohibidos durante las evaluaciones.
Finalmente, la propuesta de resolución insta al Ejecutivo a regular de forma estricta la intervención de empresas externas en la gestión de las oposiciones y a crear canales de denuncia seguros. Estos mecanismos estarían a disposición de aspirantes, empleados públicos y miembros de los órganos de selección para alertar sobre cualquier irregularidad sin temor a represalias, reforzando así la transparencia en el acceso al empleo público en España.
