El PP propone prohibir por ley las relaciones afectivas entre funcionarios y presos en Cataluña
El Partido Popular ha registrado una propuesta normativa en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de establecer una prohibición explícita de cualquier tipo de relación emocional, afectiva o sexual entre el personal de los centros penitenciarios y las personas internas. La iniciativa busca la creación de un protocolo institucional pionero en España para prevenir y sancionar conductas que, según el grupo parlamentario, comprometen la seguridad y la integridad del sistema en los centros de adultos y de menores infractores.
La propuesta surge ante la ausencia de una norma en la legislación vigente que prohíba de forma literal los vínculos sentimentales entre trabajadores y reclusos. Actualmente, este tipo de situaciones suelen tramitarse mediante expedientes disciplinarios bajo el concepto de incumplimiento de deberes profesionales, pudiendo derivar en suspensiones o inhabilitaciones si se demuestra que han alterado el orden o la seguridad del centro. El texto propuesto por el PP pretende calificar directamente estas relaciones como faltas «graves o muy graves».
Desde el ámbito sindical, la organización de funcionarios de prisiones Sicap-Fepol ha manifestado su respaldo total a la medida. Miguel Pueyo, secretario general del sindicato, ha advertido sobre el incremento de estas situaciones, señalando que la falta de límites claros genera una inseguridad jurídica y operativa. Según Pueyo, se han detectado casos que involucran tanto a personal de vigilancia como a trabajadores de fundaciones, sanitarios y voluntarios, lo que a su juicio requiere de un marco normativo nítido que proteja la integridad de la institución.
Además de la vertiente sancionadora, que contempla la suspensión cautelar de funciones y la posible expulsión del puesto de trabajo, el documento parlamentario firmado por los diputados Juan Fernández Benítez, Monserrat Berenguer y Alberto Villagrasa propone medidas preventivas complementarias. Entre ellas destaca la creación de un canal de denuncia confidencial y protegido, accesible tanto para los profesionales como para los internos, así como la realización de talleres de formación en ética profesional y prevención frente a manipulaciones emocionales.
La exposición de motivos de la propuesta subraya que este tipo de vínculos no deben considerarse cuestiones privadas, ya que «abren la puerta a manipulaciones, tráfico de objetos prohibidos y situaciones de descontrol institucional». El Partido Popular fundamenta la necesidad de esta regulación citando los ejemplos de países como Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, donde ya operan protocolos de tolerancia cero que consideran estas conductas como infracciones graves de seguridad.
Finalmente, la iniciativa insta a la Administración catalana a dotarse de una normativa de acompañamiento y disciplina similar a la existente en otros sectores sensibles. Como referente, los proponentes señalan protocolos del ámbito sanitario diseñados para actuar de manera inmediata ante situaciones de acoso o abuso, defendiendo que el sistema penitenciario requiere de una actualización urgente para garantizar la dignidad del personal y el correcto funcionamiento de los centros.
