El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional en relación con el origen de un conjunto de joyas, valorado en 1,3 millones de euros, que fue hallado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una caja fuerte de su despacho profesional. El magistrado instructor, José Luis Calama, mantiene la imputación por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras recibir el informe de tasación de las piezas.
La defensa del exjefe del Ejecutivo ha solicitado un plazo de diez días para recabar y aportar documentación que, según su entorno, acreditaría que los bienes proceden de obsequios institucionales. La estrategia jurídica apunta a que las joyas, compuestas por diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros, fueron un regalo del fallecido rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, durante su visita oficial a España en junio de 2007.
De probarse esta procedencia, el escenario procesal resultaría favorable para el expresidente. La defensa argumenta que no existiría delito de contrabando, al no haber sido el investigado quien introdujo los objetos en el país, y que cualquier posible responsabilidad tributaria habría prescrito en el año 2012, al haber transcurrido más de una década desde la supuesta recepción de los bienes.
El argumento del obsequio saudí coincide cronológicamente con prácticas documentadas de la monarquía del país árabe hacia otros mandatarios internacionales. En el mismo año 2007, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió un conjunto de similares características que posteriormente fue subastado para fines benéficos. Asimismo, en 2009, la familia del expresidente estadounidense Barack Obama recibió piezas de alta joyería valoradas en 200.000 dólares, las cuales fueron transferidas a los Archivos Nacionales de Estados Unidos.
Sin embargo, el hallazgo de las joyas en una caja fuerte privada plantea interrogantes sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno. Esta normativa, impulsada por el propio gabinete de Zapatero en 2005, establece que los regalos de carácter institucional deben ser entregados al Patrimonio Nacional para su custodia y no deben permanecer en posesión personal de los responsables públicos tras su salida del cargo.
El juez Calama rechazó suspender la comparecencia de esta semana, desestimando la alegación de la defensa sobre la falta de tiempo para analizar la tasación de la joyería Ansorena. El magistrado recordó que el registro y hallazgo de los efectos se produjo el pasado 19 de mayo, considerando el periodo transcurrido como suficiente para la preparación de la asistencia letrada.
El catálogo intervenido por la UDEF incluye piezas de alta relojería, collares, brazaletes y sortijas. Mientras la instrucción continúa, el foco judicial se centra ahora en la verificación de los documentos que la representación legal de Zapatero pretende presentar para justificar que los objetos forman parte de la actividad diplomática desarrollada durante su mandato.
