El Partido Popular exige responsabilidades a Montero tras las revelaciones sobre la mediación de Ábalos ante la SEPI
El Partido Popular ha solicitado explicaciones urgentes a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras publicarse informaciones que indican que fue alertada sobre presuntas gestiones del exministro José Luis Ábalos en favor del empresario Víctor de Aldama. La formación de la oposición sostiene que Montero tuvo conocimiento de movimientos irregulares relacionados con activos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y cuestiona la inacción de la titular de Hacienda ante dichos avisos.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha encabezado la reacción parlamentaria denunciando que la ministra «tomó nota» de la situación sin iniciar investigaciones internas. Según las informaciones publicadas, el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, informó a Montero sobre el interés mostrado por Ábalos en el complejo inmobiliario de Campos Velázquez, después de que el exministro mediara para que el comisionista Víctor de Aldama pudiera acceder a información sobre el inmueble.
Desde el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha vinculado estas maniobras con un presunto trato de favor millonario que conectaría los intereses de la red investigada en el Tribunal Supremo con el entorno del Palacio de la Moncloa. Los portavoces de la formación conservadora han señalado que la respuesta de la ministra ante la alerta del presidente de la SEPI evidencia, a su juicio, un consentimiento de prácticas que el propio holding público consideró anómalas en su momento.
Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha subrayado que estos hechos se enmarcan en una estructura de «favoritismos» hacia empresas que mantenían vínculos con la actividad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Gamarra ha afirmado que el conocimiento de estos movimientos por parte de la hoy candidata a la Junta de Andalucía agrava la responsabilidad política del Ejecutivo en el marco de las investigaciones judiciales en curso.
El trasfondo de la denuncia se apoya en el testimonio judicial de Víctor de Aldama durante el juicio del caso mascarillas. El empresario aseguró que fue instado a retirar una oferta de 250 millones de euros por los terrenos de la calle María de Molina, alegando presiones relacionadas con el interés de que dichos edificios fueran consolidados para el Instituto de Empresa (IE), entidad donde Gómez ejercía como directora del África Center.
A falta de una comparecencia oficial por parte del Ministerio de Hacienda para desmentir o matizar estas acusaciones, el Partido Popular ha anunciado que reforzará su ofensiva parlamentaria. El objetivo de la oposición es esclarecer por qué la máxima responsable de las cuentas públicas y de la tutela de la SEPI no denunció los hechos ante la justicia o la inspección de servicios tras recibir las advertencias de los responsables de la institución estatal.
