El Grupo Popular estudia acciones legales ante la tramitación de los decretos leyes de vivienda

Los servicios jurídicos del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados han iniciado el análisis técnico para emprender posibles acciones judiciales contra el procedimiento de tramitación de los reales decretos leyes en materia de vivienda. La formación considera que el cauce seguido por el Gobierno para la validación de estas normas, que deben someterse a votación este viernes, incurre en irregularidades procedimentales que podrían derivar en una situación de inseguridad jurídica con repercusiones en los tribunales.

La controversia jurídica señalada por la oposición se centra en la gestión de los tiempos de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mientras que el decreto acordado con Junts fue publicado el pasado martes, el texto pactado con Sumar no tuvo entrada en el registro oficial hasta la mañana del jueves. Los populares, respaldados por interpretaciones técnicas de letrados de la Cámara, cuestionan la legalidad de realizar modificaciones en un decreto una vez que este ha sido aprobado formalmente por el Consejo de Ministros.

Desde el Partido Popular advierten que esta forma de proceder generará una alta litigiosidad tanto en el ámbito parlamentario como en el civil. La formación subraya que la vigencia inmediata de las medidas, activa desde su publicación y hasta su convalidación o derogación por el Congreso, permite que ciudadanos particulares se acojan a disposiciones como la prórroga indefinida de contratos. Esto, según fuentes de la formación, podría desencadenar una sucesión de recursos judiciales si la normativa finalmente no obtiene el respaldo de la mayoría de la Cámara.

La estrategia de impugnación se extenderá también al ámbito autonómico. El Ejecutivo de Castilla y León ha sido el primero en manifestar su voluntad de recurrir los decretos al considerar que existe una invasión «clara» de las competencias regionales. Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, ha denunciado la exclusión de las comunidades autónomas en la elaboración de la norma, señalando que los decretos imponen obligaciones financieras directas a las administraciones autonómicas, como el pago de alquileres en supuestos de impago, sin negociación previa.

Por su parte, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya también ha manifestado sus reservas competenciales respecto al contenido de los decretos. La formación sostiene que la normativa estatal pretende imponer definiciones sobre «vivienda asequible» que podrían desplazar la legislación propia de Cataluña en materia de vivienda y servicios sociales. Junts critica que el Estado imponga gastos a la Generalitat bajo la premisa de que se trata de normas de carácter procesal, lo que complica el escenario de apoyos para el Gobierno en la sesión de este viernes.

Ante este escenario, el Partido Popular ha calificado la situación de «inseguridad jurídica» y ha afeado al Gobierno la falta de análisis sobre los efectos de estas medidas en los derechos de los arrendadores. La formación ha anunciado que mantendrá su ofensiva jurídica en dos frentes, el Congreso y las comunidades autónomas, para cuestionar la validez de lo que consideran una normativa improvisada y un procedimiento administrativo irregular.