La Audiencia Nacional admite al PP y Vox como acusaciones en la investigación sobre Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado este viernes una providencia por la que admite la personación del Partido Popular (PP), Vox y la asociación Hazte Oír en la causa penal que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la aerolínea Plus Ultra. En la misma resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha otorgado un plazo de dos días a la Fiscalía y a las partes para que aleguen sobre la idoneidad de agrupar las acusaciones populares bajo una misma representación letrada.

El instructor ha confirmado que, además de las tres entidades admitidas hoy, existen otras cinco organizaciones y particulares en espera de resolución. Se trata de Manos Limpias, Iustitia Europa, Valores, Liberum y Borja Fernández Peña, cuya incorporación formal al proceso queda supeditada a la subsanación de diversos defectos procesales y a la prestación de las fianzas reglamentarias requeridas por el juzgado.

La providencia judicial también formaliza la personación del catedrático Víctor Moreno Catena como abogado defensor del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario ha sido citado a declarar en calidad de investigado para el próximo 2 de junio, tras apreciar el magistrado indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental en el marco de las operaciones de la compañía aérea.

Según el criterio del juez Calama, la investigación se dirige a esclarecer el liderazgo de una presunta trama de tráfico de influencias que habría operado mediante el uso de sociedades instrumentales y documentación simulada. El auto judicial describe la supuesta utilización de canales financieros opacos destinados a ejercer influencias ilícitas, así como a ocultar el origen y destino de fondos para la obtención de beneficios económicos en favor de terceros y de la propia estructura investigada.

Como parte de las diligencias en curso, el juzgado ha ordenado también el rastreo de activos en criptomonedas y su aseguramiento en depósitos de alta seguridad. Esta medida busca blindar los posibles fondos derivados de las actividades bajo sospecha, mientras se avanza en la instrucción de una causa que sitúa en el centro del foco judicial el rescate público de la aerolínea y las ramificaciones financieras asociadas al mismo.