Extraditado desde Cuba el docente Martiño Ramos Soto para cumplir condena por agresión sexual
El ciudadano español Martiño Ramos Soto ha sido extraditado este miércoles desde Cuba a España para cumplir una condena firme de 13 años y seis meses de prisión. El docente, natural de Ourense, se encontraba prófugo de la justicia tras ser sentenciado por abusos sexuales continuados contra una alumna menor de edad.
Fuentes cercanas al proceso de extradición confirmaron que Ramos Soto partió en la tarde del miércoles desde La Habana con destino a Madrid, tras haber aceptado de forma voluntaria su traslado a territorio español. El operativo se concreta meses después de su detención en la capital cubana, ocurrida el pasado mes de noviembre en virtud de una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Provincial de Ourense.
La detención del profesor, de 50 años de edad, fue el resultado de un marco de colaboración judicial y policial entre las autoridades de España y Cuba. Ramos Soto figuraba como uno de los diez objetivos prioritarios reclamados por la justicia española al momento de su localización en el país caribeño, donde se había refugiado para eludir la ejecución de su pena privativa de libertad.
La condena impuesta responde a delitos de abusos sexuales cometidos contra una de sus alumnas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. El tribunal consideró probado que el docente empleó prácticas calificadas como sádicas durante el tiempo en que ejerció su labor profesional como maestro de educación infantil y primaria en el entorno de la menor.
Más allá de su actividad profesional en el ámbito de la enseñanza y la música, Ramos Soto era una figura con notoriedad pública en Ourense debido a su activismo político. El ahora extraditado formó parte de organizaciones como la desaparecida coalición En Marea y el movimiento municipalista Ourense en Común, de las cuales fue militante activo antes de que se dictara su sentencia y posterior fuga del país.
Tras su llegada a Madrid, el condenado será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para proceder a su ingreso inmediato en un centro penitenciario, donde deberá extinguir la responsabilidad penal establecida por los tribunales españoles.


