Vivienda descarta un nuevo decreto ley para el alquiler y prioriza la tramitación de leyes vigentes
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado su preferencia por utilizar las iniciativas legislativas que ya se encuentran en curso en las Cortes Generales para regular el mercado del alquiler, en lugar de insistir en la aprobación de un nuevo real decreto ley. Esta posición surge tras el rechazo del Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, al decreto impulsado por Sumar que pretendía prorrogar de forma automática los contratos de arrendamiento y limitar los incrementos de precios.
A pesar de que el grupo plurinacional Sumar ha expresado su intención de reintroducir la norma con modificaciones técnicas y fiscales para atraer el apoyo de Junts, la ministra Rodríguez ha instado a actuar con prudencia. Si bien no ha descartado de forma absoluta la figura del real decreto ley, ha subrayado que la prioridad del Gobierno es garantizar que cualquier norma que llegue al Congreso cuente con los apoyos necesarios para su convalidación definitiva, evitando así nuevos reveses parlamentarios.
Como alternativa principal, el Ministerio de Vivienda señala la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, que fue tomada en consideración por la Cámara Baja en diciembre de 2024. Rodríguez considera que este texto, actualmente en fase de comisión, representa una «oportunidad» para integrar las reformas necesarias en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El objetivo de esta vía sería equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual para desincentivar el uso especulativo de esta modalidad contractual.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la titular de Vivienda ha apelado a la «generosidad» de los grupos políticos y ha reprochado a Junts el mantenimiento de «posiciones de máximos» en la negociación. Según la ministra, la resolución del problema de la vivienda exige que las formaciones políticas no condicionen su apoyo exclusivamente a la aprobación de sus propios programas electorales, sino que se abran a la búsqueda de consensos transversales que permitan avanzar en la legislatura.
Asimismo, fuentes del departamento ministerial han indicado que se exploran otras vías legislativas para combatir la especulación. Entre estas medidas se encuentran las propuestas elevadas a la Unión Europea para limitar la compra de viviendas a no residentes en territorios específicos, como Canarias, o el uso de decretos para actuar contra los alojamientos turísticos ilegales. No obstante, desde el Ministerio se ha señalado la dificultad que supone la oposición de algunas administraciones autonómicas, que han recurrido a la vía judicial para cuestionar las competencias del Estado en esta materia.
