El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, investiga una presunta red de obtención de información vinculada al entorno del PSOE que habría tenido como objetivo reactivar el denominado ‘caso Kitchen’. Las pesquisas judiciales analizan si esta estructura buscó recabar datos sobre la supuesta implicación del expresidente Mariano Rajoy en el operativo parapolicial para sustraer información al extesorero Luis Bárcenas, con el fin de utilizarla como contrapeso político ante las investigaciones que afectan a la actual administración.
Según el auto dictado por el magistrado Pedraz, la trama bajo sospecha habría percibido aproximadamente 188.000 euros procedentes de la formación política a través de la emisión de facturas presuntamente falsas. El procedimiento judicial detalla que los integrantes de esta red mantuvieron encuentros discretos con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz, quien se encuentra actualmente procesado en la pieza principal de la causa Kitchen.
La instrucción identifica a Javier Pérez Dolset y Leire Díez como los principales intermediarios en estas aproximaciones. En las reuniones documentadas, que habrían tenido lugar meses antes del juicio por la Kitchen, los emisarios habrían intentado aprovechar la situación procesal de Martínez para obtener testimonios que señalaran a la anterior cúpula del Ejecutivo. De acuerdo con el escrito judicial, Díez habría manifestado de forma literal su papel como enlace, asegurando actuar bajo la dirección del partido y manteniendo una interlocución directa entre la sede de la calle Ferraz y el Palacio de la Moncloa.
El magistrado subraya en su análisis la «prudencia operativa» de los implicados, quienes habrían insistido en mantener un perfil reservado dentro de la estructura orgánica para evitar rastros oficiales de su vinculación institucional. Las grabaciones aportadas a la causa sugerirían que la información obtenida tenía como propósito final influir en el ecosistema mediático, buscando desplazar el foco de atención de investigaciones actuales, como el caso Ábalos, hacia procedimientos judiciales de años anteriores.
La investigación en la Audiencia Nacional continúa centrada en el desglose de los movimientos financieros y en la identificación de los responsables de autorizar los pagos bajo sospecha. Las diligencias buscan determinar si existió una planificación coordinada desde la Secretaría de Organización para el despliegue de estos operativos de información y si el uso de fondos del partido para estos fines constitutye los delitos de falsedad documental y administración desleal.
