El PSOE entrega al juez el burofax que rechaza el pago de facturas bajo sospecha en el caso Leire Díez
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la documentación que acredita su rechazo al pago de dos facturas bajo sospecha en el marco del denominado caso Leire Díez. La formación sostiene que los documentos contables presentados por el abogado Jacobo Teijelo —letrado del exsecretario de Organización, Santos Cerdán— fueron devueltos al no constar la naturaleza, el contenido ni el beneficiario de los supuestos servicios prestados, desmintiendo así cualquier irregularidad en su contabilidad interna.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había señalado en un informe previo que Teijelo aportó dos facturas adicionales por un importe de 26.500 euros cada una, las cuales no figuraban en la documentación entregada voluntariamente por el PSOE tras el requerimiento judicial realizado en la sede de la calle Ferraz el pasado 27 de mayo. Ante estos hallazgos, el partido ha presentado un burofax fechado el 17 de junio de 2025 para justificar que dichos pagos nunca se autorizaron ni se ejecutaron.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha defendido la transparencia de las cuentas de la formación a través de canales públicos, subrayando que las facturas fueron rechazadas formalmente. Según el escrito remitido al juzgado, la relación de prestación de servicios con el abogado Teijelo se consideró resuelta por una «incompatibilidad sobrevenida», debido a su vinculación profesional con Santos Cerdán en investigaciones que afectan a la organización.
En un segundo escrito de carácter jurídico, el PSOE ha solicitado formalmente al juez Pedraz que proceda al «expurgo» de la información intervenida por la UCO durante el registro de su sede nacional. La representación legal del partido demanda que se eliminen del sumario todos aquellos correos electrónicos, carpetas y archivos digitales que no guarden relación directa con el objeto de la causa. El objetivo de esta petición es salvaguardar el deber de confidencialidad y evitar la exposición de datos de terceros ajenos al procedimiento, lo que, a juicio de la formación, causaría un «daño irreparable».
La causa, que investiga la existencia de una supuesta red dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Ejecutivo y al partido de gobierno, ha sumado una nueva solicitud de personación. El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha pedido al juez comparecer en calidad de perjudicado. Villarejo sostiene que esta presunta estructura actuaba de forma «parapolicial» para interferir en causas de su interés, como el caso Tándem, operando con supuesta impunidad desde el año 2018.
Mientras el magistrado evalúa estas peticiones, el calendario judicial prosigue con la citación como testigo de Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, fijada para el próximo 8 de julio. Esta diligencia se enmarca en la instrucción que busca esclarecer si existió un entramado para influir en la actividad jurisdiccional mediante el mercadeo de información y el manejo de causas abiertas en la Audiencia Nacional.
