El Congreso reactiva la reforma penal para suprimir los delitos de opinión e injurias a la Corona
El PSOE y Sumar han acordado desbloquear en el Congreso de los Diputados la tramitación de la reforma del Código Penal destinada a suprimir los denominados «delitos de opinión». Esta iniciativa, que permanecía paralizada en la Comisión de Justicia desde diciembre de 2023, contempla la eliminación de los tipos penales referidos a las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
Según han confirmado fuentes parlamentarias, está previsto que la Mesa del Congreso formalice este martes el cierre del plazo para la presentación de enmiendas al texto. Una vez superado este trámite técnico, la propuesta iniciará su recorrido en ponencia y debate en comisión. Al tratarse de una modificación de una ley orgánica, el texto definitivo requerirá el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara para su aprobación y posterior remisión al Senado.
La reforma busca derogar específicamente los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, que regulan las injurias a la Corona, así como el artículo 504, referente a las ofensas a las altas instituciones del Estado, tales como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o las Fuerzas Armadas. Asimismo, se propone la supresión del artículo 525, relativo al escarnio de los sentimientos religiosos, al considerar que el ordenamiento jurídico ya ofrece protección a la libertad religiosa por otras vías menos restrictivas para la libertad de expresión.
El proyecto legislativo incluye además una reconfiguración del delito de enaltecimiento del terrorismo. La propuesta de Sumar, que sirve de base para el desbloqueo, plantea sustituir esta figura penal por un agravante en el artículo que regula las vejaciones a las víctimas. El objetivo, según el texto, es evitar condenas contra artistas y creadores, alineando la legislación nacional con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional.
Desde el grupo plurinacional se sostiene que la eliminación de estos delitos específicos no genera indefensión en las instituciones o en la Casa Real, puesto que estas seguirán protegidas por los delitos comunes de injurias y calumnias, así como por la Ley Orgánica de protección del derecho al honor. Esta postura se fundamenta en la necesidad de garantizar una «crítica civilizada» y evitar el uso de querellas por parte de colectivos que, a juicio de los proponentes, han limitado la actividad de la prensa y la cultura.
Esta reactivación parlamentaria da cumplimiento al pacto alcanzado por las dos formaciones del Gobierno de coalición el pasado mes de julio. Aquel acuerdo también vinculaba la reforma penal a una modificación de la Ley Orgánica sobre el derecho al honor, con el fin de incluir mecanismos de «reparación pública» para aquellas personas que se vean sometidas a procesos judiciales prolongados que finalmente no derivan en juicio oral, evitando así el descrédito personal y profesional de los afectados.
Por último, la proposición de ley contempla reformas en el artículo 538 del Código Penal para aumentar las sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos que, fuera de los supuestos legales, procedan al secuestro de publicaciones, libros o contenidos en internet. Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar las garantías del ejercicio colectivo de la libertad de expresión frente a posibles actuaciones administrativas arbitrarias.
