La reciente publicación del ensayo «Puerto Hurraco. El espectáculo del horror», del autor Luis Roso, ha reabierto el debate sobre la responsabilidad ética de los medios de comunicación y las autoridades administrativas en relación con la masacre ocurrida el 27 de agosto de 1990. La obra analiza cómo el tratamiento informativo de aquel suceso, que resultó en nueve víctimas mortales y una docena de heridos, consolidó una narrativa de la «España profunda» que, según la investigación, distorsionó la realidad de los hechos en favor del sensacionalismo.
El suceso, protagonizado por los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo en la localidad pacense de Puerto Hurraco, coincidió con la irrupción de las televisiones privadas en España. Según Roso, la competencia feroz por las audiencias transformó la tragedia en un fenómeno mediático sin precedentes, donde se priorizó la estética literaria de la «España negra» sobre el rigor de los hechos. El autor señala que este comportamiento sentó las bases de un modelo periodístico que posteriormente alcanzaría su punto crítico con el tratamiento del crimen de Alcàsser en 1992.
La investigación documental cuestiona la caracterización de los agresores como individuos aislados y analfabetos. Los datos indican que los hermanos Izquierdo poseían un capital económico considerable, superior a los diez millones de pesetas de la época, y gestionaban explotaciones ganaderas de gran volumen. Asimismo, el texto destaca su vinculación política como afiliados al PSOE desde 1986, un detalle omitido con frecuencia en las crónicas de la época que preferían centrarse en la imagen de una venganza ancestral entre familias.
En el ámbito judicial y administrativo, el estudio de Roso apunta a fallos sistémicos previos a la matanza. Se resalta la gestión del incendio de 1984 en la vivienda de los Izquierdo, donde falleció la madre de los agresores, un incidente que fue provocado pero no investigado penalmente. Además, se documenta que la Administración mantuvo las licencias de armas de los atacantes y permitió la adquisición de cartuchos días antes de los crímenes, a pesar de sus antecedentes de conducta violenta y sus condiciones psicofísicas.
Respecto a las hermanas Luciana y Ángela Izquierdo, el ensayo recuerda que, aunque fueron absueltas por la justicia de toda responsabilidad penal, sufrieron una condena pública unánime instigada por los medios. La obra detalla los intentos infructuosos de las hermanas por entrevistarse con el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en el Palacio de la Moncloa, así como su posterior internamiento en un centro psiquiátrico debido a graves patologías mentales.
Finalmente, la crónica institucional revisa los excesos deontológicos cometidos durante la cobertura, que incluyeron la grabación de féretros abiertos de menores, la intrusión en domicilios privados de los implicados y entrevistas en directo a los asesinos desde el centro penitenciario. Para Roso, la falta de una rectificación histórica sobre estos excesos ha permitido que ciertos mitos informativos de 1990 persistan en la opinión pública contemporánea.
