La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Púnica con la declaración del empresario José Luis Huerta
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y otros trece acusados por la presunta contratación irregular de eventos festivos entre los años 2004 y 2013. Durante la sesión, se ha reproducido la declaración prestada en 2018 por el fallecido empresario José Luis Huerta, propietario de la mercantil Waiter Music, quien manifestó ante el instructor que se vio obligado a organizar actos para el Partido Popular sin recibir remuneración por «miedo» a perder las adjudicaciones de festejos municipales en diversas localidades de la región.
Según el testimonio de Huerta, la deuda acumulada por la formación política con su empresa llegó a situarse entre los 50.000 y 60.000 euros. El empresario reconoció que algunos de estos servicios, consistentes en mítines electorales y eventos de partido, fueron presuntamente cargados a las arcas públicas del Ayuntamiento de Valdemoro. Huerta justificó la falta de reclamación formal de estos impagos por el temor a represalias comerciales, señalando que «los alcaldes de un mismo partido lo podían hablar y te podías quedar sin trabajo».
El relato del dueño de Waiter Music vincula la gestión de estos contratos con la figura de Francisco Granados, asegurando que su influencia en el consistorio de Valdemoro persistió tras ser nombrado consejero del Gobierno regional en 2003. El empresario detalló que la organización de los eventos del partido le era encomendada directamente por Granados y por el entonces alcalde, José Miguel Moreno. Asimismo, Huerta afirmó que al solicitar el abono de las cantidades adeudadas, el exsecretario general del partido en Madrid postergaba la solución alegando falta de fondos disponibles.
En el banquillo de los acusados se encuentran, además de Granados, seis exalcaldes de municipios madrileños como Móstoles, Algete, Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio. La Fiscalía solicita para el principal acusado una pena de seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación. Por su parte, el Ministerio Público pide para el resto de los exregidores penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, con la excepción de Daniel Ortiz, para quien se solicita una inhabilitación de ocho años.
Al inicio del procedimiento, dos de los catorce procesados —el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino— alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Ambos han aceptado una rebaja en la petición de sus penas a cambio de confesar los hechos relacionados con la red de adjudicaciones a la empresa Waiter Music, que presuntamente operaba bajo un sistema de contraprestaciones en beneficio de los cargos públicos y la formación política involucrada.
La vista oral continuará analizando la supuesta estructura de adjudicaciones irregulares de fiestas locales que, según la tesis de la acusación, se extendió durante casi una década en la Comunidad de Madrid. El tribunal examina si estas prácticas constituyeron un fraude sistemático para sufragar actos de partido y celebraciones privadas con fondos públicos municipales bajo la dirección de la red liderada por Granados.
