La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Púnica con la declaración del empresario José Luis Huerta

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes la vista oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y otros trece acusados por la presunta contratación irregular de festejos locales a la empresa Waiter Music entre los años 2004 y 2013. Durante la sesión, el tribunal ha escuchado la declaración grabada en 2018 de José Luis Huerta, dueño de la citada firma ya fallecido, quien afirmó ante el juez instructor que se sintió obligado a organizar eventos para el Partido Popular sin cobrar por «miedo» a perder las adjudicaciones en diversos municipios madrileños.

En su testimonio ante el magistrado Manuel García-Castellón, Huerta detalló que su relación con la administración local comenzó en Valdemoro de la mano de Granados. Según el empresario, la influencia del exdirigente se mantuvo incluso después de su nombramiento como consejero autonómico en 2003, señalando que en el consistorio seguía siendo considerado «el jefe». Huerta relató que los ayuntamientos gobernados por el PP acumulaban deudas con su empresa, pero que evitaba emprender acciones legales por el temor a que los regidores de la formación coordinaran el cese de sus contrataciones habituales.

La declaración reproducida revela que el Partido Popular llegó a acumular una deuda de entre 50.000 y 60.000 euros con Waiter Music por la organización de mítines y festejos electorales. El empresario reconoció que, en algunos casos, los costes de estos eventos de partido fueron cargados directamente a las arcas municipales. Huerta precisó que, pese a sus reclamaciones, Francisco Granados solía postergar los pagos bajo el argumento de la falta de fondos, asumiendo que el empresario ya obtenía beneficios suficientes a través de las licitaciones de las fiestas patronales.

Entre los eventos mencionados en el testimonio destaca un mitin celebrado en Algete en 2008, que contó con la participación del exvicepresidente Rodrigo Rato, y por el cual la empresa asegura no haber percibido remuneración. Huerta también admitió haber organizado celebraciones de carácter privado para Granados y otros implicados sin emitir factura alguna. Según su versión, esta dinámica de servicios no remunerados era una condición tácita para asegurar la continuidad de su actividad comercial con los ayuntamientos de la zona sur de Madrid.

El Ministerio Fiscal solicita para Francisco Granados una pena de seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación. El proceso judicial llega a esta fase tras los acuerdos de conformidad alcanzados por dos de los catorce acusados: el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Moraleja de Enmedio, Ricardo Godino, quienes han aceptado una reducción de su petición de condena a cambio de confesar los hechos investigados.

En el banquillo de los acusados también se encuentran el exsenador David Erguido, por su gestión como teniente de alcalde en Algete, y los exregidores de Ciempozuelos, Móstoles y Moraleja de Enmedio. La Fiscalía reclama para estos exresponsables públicos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público, en el marco de una de las piezas separadas de la trama Púnica que investiga el presunto uso irregular de fondos públicos para el beneficio del partido y sus dirigentes.