Rajoy niega ante el tribunal la existencia de una caja B en el PP y defiende la legalidad de la investigación a Bárcenas
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este jueves en sede judicial para negar de manera tajante la existencia de una contabilidad extracontable en el Partido Popular. Durante su declaración, Rajoy ha rechazado haber recibido dinero en metálico por parte del extesorero de la formación, Luis Bárcenas, así como la supuesta destrucción de documentos comprometedores en su despacho, calificando dichas acusaciones de «absolutamente falsas».
A preguntas de la acusación popular ejercida por el PSOE, el exlíder de los populares ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de una caja B en la organización que presidía. Rajoy ha afirmado que, tras la publicación de los denominados «papeles de Bárcenas», no se impartieron órdenes para minimizar daños reputacionales mediante la destrucción de pruebas ni se ejercieron presiones sobre el entonces tesorero, con quien ha dicho mantener una relación profesional mínima.
En relación con el trato personal con Luis Bárcenas, Rajoy ha aseverado que este «no era una persona de su confianza». No obstante, ha reconocido la autoría del mensaje de texto que rezaba «Luis, sé fuerte», enviado tras las primeras revelaciones del caso. El expresidente ha matizado que su postura hacia el extesorero cambió radicalmente en el momento en que tuvo constancia de que este ocultaba una fortuna de 48 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza.
Sobre el caso Kitchen, que investiga el presunto uso de recursos del Ministerio del Interior para sustraer información sensible a Bárcenas, Rajoy ha defendido la gestión de los que fueran titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz, y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Según su testimonio, lo ocurrido no fue una «operación política», sino una labor policial legítima cuyo objetivo era localizar los fondos del extesorero y sus posibles testaferros.
Finalmente, el expresidente ha manifestado su convicción de que las actuaciones policiales se adecuaron «totalmente a la legalidad». Ha subrayado que, en este tipo de operativos, ni la Presidencia del Gobierno ni la cúpula del Ministerio del Interior intervienen de forma directa en los detalles técnicos de los trabajos de investigación, desvinculándose así de cualquier irregularidad administrativa o penal derivada de dicha operación.
