Asociaciones de familias rechazan el borrador que modifica la prestación por cuidado de menores con enfermedades graves

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha presentado un borrador de modificación del Real Decreto 1148/2011 que regula la prestación para el Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME). El texto ha generado el rechazo de diversas organizaciones de familias, que consideran que las nuevas disposiciones suponen un endurecimiento de los requisitos de acceso y un retroceso en la protección efectiva de los beneficiarios.

La Asociación de Familias en Situación de CUME (ASFACUME), junto a decenas de entidades nacionales, advierte que el proyecto normativo introduce mecanismos de control adicionales sobre situaciones de salud ya acreditadas por profesionales sanitarios. Según las organizaciones denunciantes, estos cambios podrían derivar en «recortes encubiertos» que dificulten la subsistencia de las familias que dependen de esta ayuda para conciliar su actividad laboral con la atención intensiva de sus hijos.

Entre las principales críticas destaca el incremento de la carga burocrática y la aplicación de criterios centrados exclusivamente en aspectos clínicos, sin considerar la realidad cotidiana de los cuidados que requieren las patologías crónicas o graves. Asimismo, las entidades alertan de que la escolarización o la formación académica del menor podrían ser utilizadas por la administración como elementos de exclusión para denegar o retirar la prestación, lo que a su juicio ignora las necesidades de apoyo permanente que requieren estos pacientes independientemente de su actividad escolar.

Otro de los puntos de fricción señalados es la falta de soluciones para aquellos casos en los que los hijos superan el límite de 26 años de edad pero mantienen la necesidad de cuidados intensivos y directos. Las familias denuncian una situación de desprotección jurídica y económica en esta transición, sumada a la ausencia de medidas que faciliten la reinserción laboral y social de los cuidadores tras periodos prolongados de dedicación exclusiva a la atención sanitaria en el ámbito doméstico.

Ante esta situación, el colectivo de asociaciones ha instado al Gobierno a realizar una revisión inmediata de los aspectos restrictivos del borrador. Entre sus reivindicaciones se incluye el reconocimiento del cuidado continuo y permanente como eje central de la ayuda, la garantía de que la formación educativa no suponga una pérdida de derechos y la participación real de los representantes de las familias en el proceso de elaboración normativa para adecuar la ley a la realidad de los afectados.

El manifiesto de protesta subraya que la labor de los cuidadores no solo garantiza el bienestar de los menores, sino que genera un valor social y económico al sistema público al evitar hospitalizaciones y complicaciones clínicas derivadas de una atención insuficiente. Las organizaciones han hecho un llamamiento a las instituciones y a la sociedad civil para asegurar que cualquier reforma fortalezca la protección de los menores con enfermedades graves y de las familias que sostienen sus cuidados diarios.