El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los anteproyectos de ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería, iniciando así el proceso legislativo para trasponer el Pacto Europeo de Migración y Asilo a la normativa nacional. Esta decisión se produce de forma simultánea a la declaración de Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional hasta finales de año, bajo el mando único del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La nueva regulación introduce un sistema de triaje obligatorio en frontera para las entradas irregulares. Este procedimiento incluye identificación, toma de datos biométricos, exámenes médicos y evaluaciones de vulnerabilidad. Según lo establecido, el plazo para completar estas diligencias será de 72 horas, prorrogables por vía judicial, y el acceso formal al territorio nacional quedará supeditado a la finalización de este proceso previo.
En el ámbito de la protección internacional, el Ministerio del Interior busca agilizar las resoluciones ante el notable incremento de solicitudes, que han pasado de 3.000 en el año 2009 a 167.000 en el presente ejercicio. Entre las novedades, destaca el examen acelerado de expedientes en un plazo máximo de tres meses para casos específicos, como los solicitantes procedentes de países considerados de origen seguro o aquellos que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional.
La reforma permite que la resolución denegatoria de asilo incluya automáticamente la decisión de retorno, con el objetivo de ejecutar la salida del país en un periodo máximo de 12 semanas. Durante la tramitación en frontera, los solicitantes podrán permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades para facilitar los trámites de expulsión en caso de que la protección internacional sea rechazada.
Asimismo, el anteproyecto amplía los supuestos de protección para incorporar realidades como la persecución por motivos de género, identidad, expresión de género o discapacidad. En cuanto a los menores de edad, la futura legislación busca ordenar su escolarización, asistencia sanitaria y condiciones de acogida, además de contemplar protocolos específicos para mujeres embarazadas y víctimas de trata o violencia.
Las iniciativas legislativas, que ahora inician su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, aspiran a consolidar un sistema que el Gobierno define como más eficaz y garantista frente a la realidad migratoria actual. La simplificación de recursos y la precisión de conceptos como «tercer país seguro» pretenden reducir la carga burocrática y agilizar la gestión de los flujos en las fronteras exteriores del país.
